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En los últimos días se han publicado diversas opiniones sobre los impactos ambientales que pudiera ocasionar el proyecto minero Tía María. La resolución directoral aprobatoria del estudio de impacto ambiental (EIA), documento de más de 100 páginas descargable del portal del Ministerio de Energía y Minas (Minem), muestra todas las observaciones que se recibieron, así como las opiniones técnicas vinculantes de los ministerios de Agricultura, Salud y Cultura, asimismo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Resalta también que la Junta de Usuarios de Ensenada, Mejía y Mollendo envió 6.956 observaciones, las que fueron absueltas por el Minem antes de emitir esa resolución.
La ONG Cooperacción y el equipo de reporteros Convoca han publicado comentarios sobre el EIA de poca rigurosidad técnica. Ambos informes se enfocan sobre lo que a su entender puede ocurrir si se construye este proyecto minero, pero no se han pronuncian sobre lo que ha arrojado el monitoreo de los sedimentos del litoral y del río Tambo, que han registrado valores altos de arsénico, plomo y mercurio. Aunque puede ser producto de la mineralización natural en las nacientes del río, no se ha estudiado si estos valores provienen del uso intensivo de peligrosos pesticidas que dejan residuos tóxicos de plomo y arsénico. Se sabe que en nuestro país el pequeño agricultor que vende en el mercado nacional recurre a ellos por ser económicos.
A la ONG Cooperacción le preocupa la contaminación de las aguas subterráneas por el drenaje ácido (DAR). Para que esto ocurra, se tienen que encontrar un material sulfurado, con un agente oxidante y un solvente como el agua. Justamente esto último es lo que no hay, porque en Tía María las lluvias solo llegan a 2,4 milímetros al año (menos de la mitad que en Lima); y la evaporación es de 1.400 milímetros al año.
El profesor Jürgen Schuldt ha comentado que los tranquilos habitantes de Santa Clara (California) destruyeron su planta desalinizadora. Es posible que la misma hubiera causado daños a la fauna marina porque ella se situada en una bahía muy cerrada. Lo que no es el caso del emisario de Tía María, que se adentra más de 800 metros en mar abierto. Pero los habitantes de Santa Clara optaron por lo más económico: el reúso de las aguas servidas y por programas de uso eficiente de agua. Sería extraordinario que los agricultores del Valle de Tambo opten por riegos por goteo y por productos adecuados. Hace años el Ministerio de Agricultura y Riego insiste en que no se debe sembrar arroz en la costa, cultivo que exige 700 milímetros de lluvia; cuando en el Tambo solo se registran 2,4 milímetros.
Las plantas desalinizadoras pueden producir agua doméstica o agua industrial. Durante los últimos años están siendo levantadas por todo el mundo. En la costa de Australia, todas sus ciudades tienen una. La planta de la ciudad de Sidney, que es la de mayor tamaño en el mundo (2.900 litros por segundo) es movida totalmente por molinos de viento. En nuestro país, varios centros mineros como Bayóvar, Marcona, Cerro Lindo y la fundición de Ilo cuentan con este tipo de plantas. En Chile ya operan 6 plantas de este tipo y existen más de 12 en estudios o construcción. Entre ellos una que producirá 2.500 litros por segundo, y que supondrá una inversión de US$3.430 millones. Esto es diez veces lo que producirá la planta de Tía María.
El profesor Schuldt recoge la “alarma” de Convoca sobre el peligro que la empresa puede usar el agua del río Tambo, porque su planta desalinizadora puede ser insuficiente. Sobre este punto se debe aclarar que no es fácil extraer agua de un río. Se necesita una licencia otorgada por la ANA, que consulta a las juntas de usuarios la disponibilidad que existe. En esta licencia está fijada el punto de captación y, obviamente, el caudal que se puede extraer.
Se cree equivocadamente que este EIA no se puede modificar. Todo lo contrario, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Minam, tiene las facultades de enmendar cualquier error, y de paralizar cualquier operación si sus emisiones están por encima de los estándares ambientales vigentes.
