Justicia conveniente

Catorce páginas han desnudado nuevamente el paupérrimo trabajo de una comisión del Congreso; la pérdida de tiempo y la intrascendencia de lo técnico-jurídico, todo ello ratificado por unos primeros 69 votos.

Esta vez, el Congreso, pretendiendo modificar los Códigos Penal y Civil, busca disfrazar de supuesta rigidez la poca rigurosidad de una norma existente y así “sancionar la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva”. Esto no es más que un intento por politizar el derecho con desconocimiento de que este responde a una serie de principios. En este caso, se vulneran dos de ellos: la proporcionalidad y la lesividad.

Lo que el Congreso parece no haber entendido es que la proporcionalidad es la llave de la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, un límite para sus intereses personales. Por eso, a este nivel es importante decir que los principios penales son casi iguales a los constitucionales: funcionan como garantía de derechos fundamentales y la libertad de prensa es uno de ellos. ¿Puede entonces la conveniencia política determinar el incremento de una pena y revestirla de legalidad? Claramente no, menos en un estado democrático.

No es necesario emplear el Derecho Penal para todo aquello que incomoda al Congreso. Si no, estaremos olvidando su naturaleza de ‘última ratio’. Menos aún insistir en un delito existente con una pena que ya tiene un criterio proporcional como sanción. He ahí la razón que vulnera este otro principio –lesividad– cuyo fin es impedir al Congreso una “nueva intervención punitiva”.

Todo esto se resume en que la garantía de los derechos y libertades exige la limitación del poder político, de ese poder político que ahora mismo busca una nueva ‘ley mordaza’.

El Congreso necesita más que ganas de venganza. Necesita hacer del derecho una herramienta que beneficie a la sociedad y no un medio para lograr sus fines. Seguramente esto es mucho pedir para un Congreso ‘mocha libertades’ que no ha entendido que tener buenos asesores no es una gollería y sí, por el contrario, una de sus prioridades, pues detrás de ella está el interés público de todos los peruanos.