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La reciente propuesta del Congreso para asignar el 6% del PBI para el sector Educación es anhelada pero inviable. Resulta más pertinente seguir aumentando su presupuesto de manera gradual, como se ha venido haciendo en los últimos siete años, con sustento técnico y las capacidades de gasto instaladas en el Ministerio de Educación (Minedu). Es urgente que el Congreso construya sus propuestas junto con el ministerio y no de espaldas, como está pasando con la reforma universitaria.
Pensábamos que el libro de la intervención política en la reforma universitaria se había acabado, pero el Congreso lanzó propuestas legislativas y una comisión investigadora para la Sunedu que abren un nuevo capítulo en esta historia sin fin. Las preocupaciones acerca de los intereses mercantiles que subyacen a estos intentos deben motivar un nuevo relato que nos conduzca hacia la reforma de la educación superior, como todos soñamos. Aquí algunas propuestas.
Esta reforma se inició con la Ley Universitaria, que crea los licenciamientos y la Sunedu, como su ente regulador. Lo particular es que la elección de su consejo directivo es por concurso público meritocrático para asegurar que se excluya todo interés que no coloque al alumno en el centro de la reforma. Hubo mucha resistencia, pero finalmente se logró licenciar a 94 universidades y denegar el permiso a 46. El sistema tuvo su primera limpieza y, así, debería cerrar este capítulo para abrir otros más actuales.
El siguiente capítulo debería abordar la mejora continua. En efecto, si bien el licenciamiento da el primer paso al reconocer la existencia de condiciones básicas de calidad, inculcar la cultura de la mejora continua trazará el verdadero camino a la excelencia que todos deseamos. A esto último se le conoce como acreditación y el Sineace es el ente responsable. Pero la propuesta de ley que culmina su proceso de reestructuración, por mandato de la Ley Universitaria, sigue durmiendo el sueño de los justos.
Imaginen, entonces, un marco legal donde las acreditaciones sean consecuencia lógica de los licenciamientos y puedan incluso nutrirse mutuamente. Vamos más allá, imaginen que este proceso identifique innovaciones adaptadas a la realidad peruana, que puedan ser replicadas por otras universidades, potenciando a todo el sistema. No se detenga ahí, imaginen ahora que en el futuro dejamos de perder el tiempo discutiendo acerca de cómo lidiar con las universidades deficientes y, más bien, discutimos cómo reconocer a las mejores.
Les propongo otro capítulo, más apremiante. Según la encuesta de demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo, el 80% de la demanda de trabajadores con estudios superiores está concentrada en técnicos. Sin embargo, tres de cada cuatro estudiantes de la educación superior son universitarios (INEI). En otras palabras, el mercado requiere más técnicos que universitarios, y en las aulas pasa lo inverso. Así, la Ley de institutos y escuelas tecnológicas y pedagógicas tiene oportunidades de mejora para potenciar la formación de las competencias más pertinentes para la movilidad laboral y el desarrollo productivo que tanto necesitaremos luego de la pandemia.
Para comenzar, la Sunedu licencia universidades y el Minedu, institutos y escuelas. Sería más eficiente, por lo tanto, realizar modificaciones legales para tener a una sola institución a cargo, autónoma y especializada. De tal modo que el Minedu pueda concentrar esfuerzos en la rectoría del sistema, que ahora está abriendo nuevos horizontes. En efecto, la formulación del marco nacional de cualificaciones que viene implementando ayudará a cerrar una importante brecha para conectar la oferta formativa con las necesidades reales de los sectores económicos, sociales y culturales. Y así construir trayectorias formativas más versátiles que cubran la necesidad de movilidad que requerirán los trabajadores por la pandemia, en el corto plazo, y por la automatización de los trabajos en el mediano plazo.
Lo presupuestal sería otro capítulo necesario, ya que la pandemia afectará los logros en el mayor acceso a la educación superior. Recuperar este avance, con una mayor igualdad de oportunidades, requerirá de políticas muy sofisticadas que logren una asignación eficiente de recursos. El Programa Nacional de Becas ha dado saltos loables, mejorando la focalización de becas para estudiantes con talento y bajos ingresos, así como abriendo nuevos caminos con créditos educativos. Conocer este detalle será necesario para sustentar mayores recursos en la próxima Ley de Presupuesto y no distraerse en propuestas inviables como la del 6% del PBI.
Un capítulo bastante esperado en esta historia debe abordar la lista de escuelas superiores de formación artística agrupadas en las disposiciones complementarias de la Ley Universitaria, para abrigarlas dentro de una ley específica, que iguale su horizonte de desarrollo al nivel universitario. Y, con ello, dar la importancia que las artes necesitan en nuestro país, siendo un sector bastante relegado y con una seria afectación por el COVID-19.
Se quedan en el tintero otros capítulos que podrían mejorar la secundaria técnica y la educación técnico-productiva en la Ley General de Educación. Y así cambiar la frustración de los jóvenes por sueños posibles que deberíamos alcanzar en el capítulo final de esta reforma continuamente interrumpida.
