La ley Coca-Cola, por Fernando Cáceres Freyre

¿Qué tienen en común el caso Karoon, que involucró al ministro Mayorga y la llamada ley Coca-Cola? Que en ambos hubo contacto entre empresas interesadas en la toma de una decisión pública y el gobierno, y en los dos casos –sin prueba de por medio– se acusó a las partes involucradas de haber hecho un lobby ilegal (entiendo por lobby ilegal el ofrecimiento de alguna prebenda a cambio de beneficiar un interés privado, y por lobby legal al contacto público-privado transparente para transmitir información). 

En el caso Karoon, el Ministerio de Energía y Minas pidió a esta empresa, especializada en perforación de pozos en aguas profundas (especialidad poco común), que explicara al Ministerio del Ambiente el procedimiento que utilizan y su impacto en el entorno, dado que había que elaborar un reglamento ambiental. Sobre la base de esta información, y la opinión de otros actores del sector, el Ejecutivo –y no Karoon– redactó una propuesta normativa que consideró favorable al interés público. 

En la ley Coca-Cola, un asesor del Ministerio de Vivienda sustentó una propuesta normativa haciendo ‘copy-paste’ de argumentos que presentó Coca-Cola en un reclamo frente a Servicios de Parques de Lima (Serpar), respecto de la valorización de los aportes para parques públicos en habilitaciones urbanas, reclamo al que Vivienda tuvo acceso, según el ex ministro Luis Miguel Castilla, por reuniones entre gremios y este despacho. Estas reuniones se habrían producido para solicitar al Ejecutivo aclarar o modificar, según se acoja la interpretación de Coca-Cola o Serpar, cómo se calcularían este tipo de aportes para futuros proyectos, pues al no tener la ley efectos retroactivos, el reclamo de Coca-Cola deberá resolverse en el Poder Judicial, sea aprobada dicha propuesta o no. 

He escuchado a políticos decir que regular el lobby es legitimar un delito, y a líderes de opinión afirmar que es el mundo al revés que el gobierno haga suyos los argumentos de una empresa. Al tomar decisiones públicas, el gobierno debe escuchar a los grupos de interés que tengan argumentos que ayuden en la toma de decisiones, sean empresas, consumidores, etc. El problema no es escucharlos ni tampoco optar por su posición. El problema es no escuchar a otros grupos que tengan información de interés. Mal el Ejecutivo: ya deberían haber aprendido con la reforma del sistema de pensiones, que a “la prepo” no se puede gobernar. 

Si se descubre que Karoon y Coca-Cola, o lo funcionarios públicos involucrados, entregaron o recibieron prebendas a cambio de que las decisiones públicas favorezcan su posición, sancionémoslos drásticamente. Pero a menos que consideremos que todo contacto es ilícito, en los hechos conocidos no encuentro lobby ilegal (aunque sí desidia burocrática, en la ley Coca-Cola).

Urge encontrar mecanismos de diálogo público-privado que tengan aceptabilidad en nuestra sociedad, pues el reclamo actual no se agota en mayor transparencia, sino que cuestiona el contacto mismo. Si no los encontramos, no vamos a salir de la actual crisis de institucionalidad. En el corto plazo, al menos, podríamos cambiar la regulación del lobby por una más simple de cumplir y hacer cumplir, y mejorar los mecanismos de acceso a la información pública para complementar el control sobre el poder público.