Se ha reabierto el debate público sobre el retorno a la bicameralidad. Por mi parte, quiero expresar que ha llegado el momento de revisar esta posición de largo tiempo del fujimorismo. El argumento que me parece medular es que hay necesidad de atender las circunstancias cambiantes de nuestra historia.
Cuando el Perú adoptó la unicameralidad en la Constitución de 1993, había poderosas razones para ello. Esas razones ya no existen.
La esencia del fujimorismo no es dogmática, consiste en adaptar una política pública a la naturaleza propia del problema en sus circunstancias específicas, para poder conducir eficazmente la realidad hacia el cambio que se necesita.
A comienzos de los 90, el país se encontraba en una situación terminal y necesitaba ser puesto en una unidad de cuidados intensivos. Hacía falta reformas profundas en el ordenamiento constitucional y legal para luchar contra el terrorismo y reconstruir una economía en ruinas, y era indispensable llevarlas a cabo rápida y eficazmente. Así lo hizo el gobierno, lo que la ciudadanía reconoce, y el unicameralismo fue el instrumento.
Pero las respuestas de ayer no son necesariamente funcionales en todos sus extremos para enfrentar los problemas de hoy. Lo que hoy hace falta es más debate, más pausa reflexiva, menos vehemencia, menos confrontación. Con los años la práctica parlamentaria ha generado una sobreproducción legislativa creciente. Y de una calidad que la ciudadanía encuentra muy insatisfactoria. Hay casos en los que lamentablemente se ha legislado de manera precipitada luego de un debate insuficiente. Algunos ejemplos son de público conocimiento: los temas involucrados en la llamada ‘ley pulpín’ merecían un tratamiento distinto, lo mismo que los relativos a la seguridad previsional y el destino de las AFP.
La bicameralidad permitiría ayudar a moderar el proceso legislativo a unas proporciones más acordes con la ponderación que necesitan las leyes de la República. Una cámara revisora ofrece no solo la posibilidad de controlar la proliferación legal nociva, sino también la garantía de un mejor debate de las leyes.
En los 90 había necesidad de decisiones políticas difíciles para restablecer la seguridad nacional. Hoy hace falta seguridad jurídica. Es lo que requiere la inversión, sobre todo la de largo plazo, que es la que el Perú demanda clamorosamente en agua y en bosques, agroindustria e infraestructura.
Eso requiere reglas estables que no se pueden cambiar precipitadamente, porque ese ruido político conspira contra la inversión y la condena al cortoplacismo. Es la sistemática creación de incertidumbre la que ha hecho colapsar en los últimos años la inversión que tanto esfuerzo costó levantar. Hoy mismo, el ruido político –los rumores banales de cierre del Congreso y de censura ministerial, la confrontación– no es bueno para la economía, no es el clima que necesita la inversión. Porque la economía no es una máquina, es un árbol que necesita tiempo y un entorno estable para crecer sano y fuerte.
La bicameralidad podría ayudar a la seguridad jurídica que el país necesita. Podría ayudar también a reducir la incertidumbre y evitar la confrontación política innecesaria. El pueblo peruano no estaría en desacuerdo a condición de que no suponga un incremento del número total de representantes parlamentarios. Eso obliga a plantear el retorno a la bicameralidad bajo la condición de mantener estrictamente el número actual de representantes.
Lo previsible es que el debate político sobre la bicameralidad necesite tiempo. Evitando toda precipitación, la eventual elección de un Parlamento bicameral debería contemplarse con miras a los comicios del 2021, con el bicentenario de la República, para regir a partir del siguiente quinquenio.
Por encima de toda coyuntura política se halla nuestra convicción de que solo un mejor debate público podrá contribuir a la institucionalización del Perú. Y alcanzar una sana reforma de las instituciones del país para hacerlas más democráticas.