Municipalidades e igualdad, por Jorge Muñoz Wells

Las municipalidades deben cumplir un rol activo para asegurar el respeto a la igualdad y la no discriminación en nuestras ciudades. Así como fiscalizan que los locales comerciales cumplan con el aforo permitido y respeten el giro del negocio, también deben fiscalizar que cumplan con la característica común de todo local comercial: la atención al público en general, sin exclusiones basadas en raza, sexo o cualquier otra índole.

El Concejo de Miraflores aprobó recientemente una ordenanza en esa línea. Si bien el distrito contaba ya desde hace unos años con una norma –la que nos permitió sancionar dos sonados casos de discriminación en locales comerciales–, la nueva ordenanza constituye un paso más en la consolidación del trabajo realizado.

Nuestra experiencia en los casos resueltos –los que fueron plausibles de sanción y los declarados infundados– nos mostraron los retos que afronta el personal responsable de aplicar la ordenanza para asegurar que la decisión final se ajuste al derecho y sea, a su vez, justa. Nutridos de esa experiencia, y entendiendo que lo aprendido debe quedar en la institución, se formuló y aprobó por unanimidad la nueva ordenanza.

Con ella ahora contamos con procesos más claros, en que el denunciante y el denunciado conocen las instancias a seguir y los plazos para actuar. También se simplifica la denuncia, con la flexibilidad que existe actualmente en los procesos hábeas corpus: el denunciante puede ser la persona discriminada o un tercero, y la denuncia puede hacerse por escrito o verbalmente, dejando establecido que no se requiere pago de tasa o firma de abogado. Asimismo, se brindan expresamente criterios de interpretación jurídica que facilitan la resolución de los casos.

La norma también busca ayudar a desterrar la idea de que la única manera de discriminar a un ciudadano en un local es evitando físicamente su ingreso. Así, se deja claramente establecida una serie de situaciones que busca desincentivar que la persona utilice los servicios que brinda el establecimiento y que son también situaciones de discriminación que no están permitidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, la norma busca promover en la ciudad los estándares internacionales de gobierno corporativo, al señalar que, en caso de que el establecimiento sancionado se relacione con una transnacional (sucursal, franquicia, etc.), la sanción será informada a la empresa matriz para que tomen las acciones correspondientes. Así ayudamos a promover los valores corporativos existentes en otras latitudes, favoreciendo a los distintos actores en el mercado, especialmente a los consumidores.

Por último, la ordenanza establece mayores obligaciones para la propia municipalidad, señalando, entre otras cosas, que el personal municipal –especialmente el de Serenazgo y de Fiscalización– debe ser capacitado permanentemente en estos temas. Así se evita que estos agentes caigan en situaciones de discriminación, y a su vez se les brinda las herramientas para identificar casos plausibles de sanción.

Esperamos que esta ordenanza genere un nuevo referente que pueda ser imitado por otros gobiernos locales en el país. Nuestro reto ahora es asegurarnos de que su implementación esté a la altura de las expectativas que genera su promulgación, ayudando a tener una ciudad cada día más amigable y justa.