Pena de muerte
Pena de muerte
Alberto  de Belaunde

Comparto la indignación e impotencia que genera en la sociedad la crisis humanitaria que implica el abuso sexual contra mujeres y menores de edad en nuestro país. Sin embargo, ello no debe llevarnos a abrazar propuestas demagógicas e ineficaces, como la de reimplantar la . Además de los argumentos morales que podemos compartir respecto al rol punitivo del Estado, existen cuatro argumentos para oponernos a esta medida que considero importante compartir.

1. La pena de muerte no es disuasiva. Existe la idea de que con la pena de muerte los crímenes disminuyen, que el malhechor lo pensará dos veces antes de poner su vida en peligro. Sin embargo, la evidencia nos demuestra lo contrario. En Japón, por ejemplo, un estudio presentado este año con información oficial de la policía japonesa concluye que la pena de muerte no evita que se produzcan delitos graves (Muramatsu, Johnson, Yano, 2017). Lo mismo ocurre en Estados Unidos, el Death Penalty Information Center ha analizado data sobre la pena de muerte desde 1987 hasta el 2015 y ha concluido que no existe evidencia alguna para sostener ese lugar común.

2. Nuestro sistema de justicia no es confiable. De las instituciones públicas, las que tienen menos confianza entre los peruanos son el Poder Judicial y el Ministerio Público (solo superados por el Congreso de la República). No se confía en ellos, ¿pero estamos dispuestos a darle la posibilidad de acabar con la vida de las personas? De acuerdo con el Death Penalty Information Center, en los últimos 10 años Estados Unidos –con un sistema de justicia más institucionalizado y confiable– ha anulado 34 sentencias de pena de muerte. Los motivos para ello son falsa acusación, inconducta de los oficiales que procesaron el caso, falsas o confusa evidencia forense, inadecuada defensa legal, etc. ¿Se imaginan lo que podría ocurrir en nuestro país, con un problema grave de institucionalidad y de acceso a la justicia? Recordemos el caso de Jorge Villanueva Torres, conocido como el ‘Monstruo de Armendáriz’, condenado a pena de muerte en 1957 por supuestamente violar y matar a un menor de edad, cuya culpabilidad se cuestionó después de ejecutada la sanción. En dicho proceso no solo hubo una deficiente labor probatoria, sino también un marcado prejuicio racial contra el condenado. En los casos de pena de muerte no hay sentencia revocatoria que pueda eliminar la condena.

3. Es jurídicamente inviable. El Perú ratificó en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se prohíbe expresamente que los países extiendan la pena de muerte a delitos que no estuvieran contemplados previamente en su legislación interna. Asimismo, impide restablecerla en aquellos supuestos para los que se elimine con posterioridad. Recordemos que la Constitución de 1979, posterior a la fecha de ratificación de la convención, recogió la aplicación de la pena de muerte solo para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior. Aplicar esta sanción para supuestos adicionales acarrearía la responsabilidad internacional del Estado por incumplir el tratado al que este mismo se obligó.

4. Afectaría el liderazgo peruano en espacios multilaterales. Existe en el mundo una marcada tendencia abolicionista: más de 130 países han dejado de aplicarla en los últimos 60 años. De restituir la pena de muerte en contra de sus obligaciones internacionales, el Perú iría en contra de dicha tendencia, lo cual afectaría nuestro prestigio internacional, que nos ha permitido alcanzar espacios importantes en organismos internacionales, como el ser miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En este tipo de coyunturas, los políticos tenemos que ser especialmente cuidadosos y responsables con las propuestas que apoyemos. Hay que guiarnos por la Constitución y la evidencia, no por las encuestas. Para enfrentar este grave problema, debemos modificar normas penales para tener sanciones más fuertes, sin duda. Pero no nos quedemos en la reacción que debe tener el Estado una vez ocurrido el delito, es necesario plantear una discusión más profunda sobre por qué ocurren estos abusos y qué hacer para que no sigan ocurriendo. No hay “varita mágica” que solucione esta crisis, el problema es complejo y la solución también lo será. Pensemos en el país y no en lo que resulta políticamente rentable.

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