Cuando la plata llegó sola, por Denisse Rodríguez Olivari

La confirmación de la prisión preventiva para el ex presidente Ollanta Humala pone sobre el tapete los pormenores del financiamiento de las campañas electorales en el Perú.

Una cifra alarmante es la presencia de 318 aportantes irregulares en las últimas elecciones, siendo Alianza para el Progreso el partido que concentra casi 70% de ellos, seguido del Partido Nacionalista Peruano con 12%. Del mismo modo, 15 de las 19 organizaciones participantes tienen prófugos de la justicia entre sus afiliados, además de personas con antecedentes penales y judiciales en delitos como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y violación (Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 2016). Según un informe sobre las elecciones municipales y regionales del 2014, la mitad de los donantes presentaba deudas financieras incluso por montos que superaban los 10 millones de soles. También existen beneficiarios de programas sociales que recibían 100 soles por parte del Estado pero aportaban hasta 2.000 soles. Incluso había 147 personas que no existían en el padrón del Reniec (ONPE, 2014).

Siempre son las mismas organizaciones las que incumplen reiteradamente con presentar información financiera: Alianza Popular, Partido Nacionalista Peruano, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Perú Posible, Fuerza Popular, Solidaridad Nacional-UPP y Acción Popular, de acuerdo con el portal de la ONPE. La gran mayoría de agrupaciones registra irregularidades en su información financiera, ya sea por proporcionar datos incompletos o no reportar gastos operativos o de campaña. Nueve de las 19 organizaciones participantes en el 2016 reportan egresos superiores a sus ingresos, mientras que algunas nunca reportaron ingresos, como el caso del Partido Humanista Peruano y Perú Nación. Otro dato curioso es el de Solidaridad Nacional y Siempre Unidos, en los que no hay ni un sol de diferencia entre sus ingresos y sus egresos. Esta información ha sido recopilada a inicios de este año para un volumen editado por la PUCP con ocasión de las elecciones del 2016 sobre el financiamiento de la política en el Perú.

Seis organizaciones que lograron representación parlamentaria (de las 19 que postularon) recibirán financiamiento público. Tan solo 3 de las 6 beneficiarias han proporcionado la información necesaria: Peruanos por el Kambio, Frente Amplio y Alianza para el Progreso. Lo más preocupante es que 5 de los 6 partidos que recibirán por primera vez el concepto de desembolso directo tienen multas por montos desde 700.000 soles (Alianza para el Progreso) hasta casi 4 millones de soles (Alianza Popular). Esto demuestra que la actual ley de partidos es insuficiente para regular las finanzas en el interior de los partidos. Un claro ejemplo es el Apra, que fue sancionado por no presentar información financiera del 2015 con multas e infracciones que ascienden al 70% del monto destinado a su financiamiento. De igual modo, Alianza para el Progreso y Peruanos por el Kambio tienen deudas que corresponderían al tercio de sus financiamientos, mientras que Fuerza Popular y Acción Popular a un 10% y 8% respectivamente.

El financiamiento público directo se implementa ya en 130 países a fin de nivelar las condiciones entre las diversas organizaciones además de controlar el flujo de dinero. Lamentablemente, la legislación vigente no contempla la ejecución de cobranzas coactivas o –en casos extremos– la inhabilitación de las organizaciones políticas infractoras representando una seria barrera a la correcta supervisión de fondos partidarios. La reforma electoral es, entonces, una medida urgente a fin de controlar más episodios como los puestos en evidencia por el caso de Odebrecht, conocido mundialmente por ser el escándalo de corrupción más grande de la historia moderna.