Un país como el Perú, con escasa institucionalidad, requiere políticas de Estado. Esa es una de las variables esenciales del desarrollo económico y social. Daron Acemoglu (MIT) y James Robinson (Harvard), en su libro “Por qué fracasan las naciones”(2012), han puesto en el debate nuevas ideas sobre el éxito o el fracaso del crecimiento económico. Su visión pone énfasis en las variables político-institucionales como factores determinantes del desarrollo. La clave del éxito estaría en un régimen político de gobierno basado en instituciones inclusivas. Estas, al convocar y representar a la pluralidad de intereses que interactúan en la sociedad, permiten distribuir las ganancias sin excluir a ningún sector social. Posibilitan el consenso sobre reglas del juego compartidas y respetadas. Y distribuyen el poder sin generar extremas desigualdades. Tienden a asegurar, además de la acumulación del conocimiento y una actividad económica más dinámica sustentada en la estabilidad política y social, políticas de Estado.
En efecto, para aplicar políticas de Estado es necesario tener consensos nacionales, objetivos claros y estrategias de acción concertadas en el tiempo. La diplomacia para recuperar la soberanía marítima hasta las 200 millas, ejecutada a partir del 2003, es un buen ejemplo de una política explícita que comprometió a tres gobiernos. Otra, implícita, a mi juicio de la mayor importancia, es la de la disciplina macroeconómica que, dicho sea de paso, haría bien en volverse explícita.
Hay otras áreas en las que establecer y ejecutar políticas de Estado explícitas está dando excelentes resultados. Una de ellas, poco visible, es la del patrimonio cultural.
El Perú es un país que aún no ha descubierto el valor excepcional de su patrimonio cultural material e inmaterial. Esto en un triple sentido. Primero, como vehículo de unidad e identidad nacional. Segundo, como factor de gobernabilidad, donde la necesaria centralidad se ejecute en función de la diversidad cultural y étnica del país. Tercero, como un elemento dinámico en el crecimiento económico sustentable, a partir del turismo, la biodiversidad, la utilización de los saberes y las tecnologías tradicionales y la responsabilidad social y ambiental empresarial.
Como embajador en la Unesco, en lo que toca a lo cultural mi tarea es impulsar esta visión a partir de una imbricación estructural entre los factores internos y externos del patrimonio cultural. Todo esto con un enfoque de política de Estado y una praxis intersectorial, pues en el mundo contemporáneo la política exterior ya no es unisectorial. El Ministerio de Cultura, la cancillería, la Embajada del Perú en la Unesco y los gobiernos regionales y locales son los ejes de esta política de Estado sobre el patrimonio cultural.
Desde el 2001, cuatro gobiernos están comprometidos con esta visión de Estado de la política cultural exterior del Perú. Su ejecución, en lo inmediato, produjo en mayo el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad de los saberes tecnológicos originarios en la construcción y continua renovación del tradicional puente inca de Q’eswachaka, en el distrito de Quehue, provincia de Canas, en la región Cusco.
No solo eso: el Comité del Patrimonio Mundial acaba de declarar, en Doha, al Qhapaq Ñan –el sistema vial del imperio del Tahuantinsuyo– patrimonio cultural de la humanidad. Se trata de una nominación transnacional y seriada, que otorga esa calidad a 273 sitios ubicados a lo largo de la ruta de 30 mil kilómetros del gran Camino Inca. Esta decisión pondrá en valor el bien y significará un desarrollo conceptual y normativo de la institución del patrimonio mundial. Además, sus efectos sobre el turismo sustentable y la ejecución de proyectos de codesarrollo con las poblaciones locales serán un factor de inclusión social y cultural.
Es necesario reconocer que este logro se ha construido durante trece años de trabajo esforzado. El gobierno de Valentín Paniagua dio el paso inicial en el ámbito nacional. Luego, el de Alejandro Toledo creó una alianza cultural con Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile para elaborar y presentar el expediente del Qhapaq Ñan. El de Alan García llevó a cabo los estudios y fundamentos del valor universal excepcional del bien . Y el actual gobierno culminó esa tarea y presentó el expediente a través del propio presidente de la República, en noviembre del 2012. Las políticas de Estado son incipientes en el Perú. Pero ya empiezan a existir. Y son un valor agregado.