¿Qué cambiar y para qué?, por Alejandra Costa

El ataque al modelo económico ha sido constante en esta campaña. El desempeño de Yonhy Lescano de Acción Popular, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú y Pedro Castillo de Perú Libre nos ha vuelto a mostrar que es una narrativa efectiva con los millones de peruanos que nunca se sintieron parte del ‘milagro económico’.

El grito por el cambio resuena más que los llamados a la sostenibilidad macroeconómica y al respeto a las reglas de juego para atraer inversión, que no es otra cosa que el vehículo para generar empleo y recaudar impuestos que financien la inversión y el gasto público.

Y esa ubicuidad se refleja en los planes de gobierno de estos tres candidatos. El de Castillo plantea que el Estado tome “el control total” y nacionalice los yacimientos mineros para que sean administrados por los gobiernos regionales, al igual que Camisea, las refinerías, las centrales hidroeléctricas, los aeropuertos, el sistema de pensiones, entre otros. ¿Cómo un Estado que no puede proveer salud y educación operaría casi toda la economía? ¿De dónde saldría la inversión?

Esa misma pregunta la debería responder Lescano, que propone que se modifique la Constitución para que el Estado mantenga la propiedad sobre los recursos naturales una vez extraídos y que las empresas se conviertan en operadores a los que se les paga por sus servicios.

Mendoza llama “nueva minería” a la recuperación de la soberanía sobre los minerales y a que los proyectos generen beneficios económicos respetando el medio ambiente y la consulta a las comunidades, en el marco de un ordenamiento territorial. ¿Qué significa eso para las operaciones mineras y los proyectos futuros? No queda muy claro, pero respecto al gas natural de Camisea, sí ha detallado que “vamos a nacionalizar el gas”.

El plan de Juntos por el Perú también pide la “eliminación de privilegios económicos para grandes empresas”, como los contratos-ley y los convenios de estabilidad tributaria. ¿Cómo evitar multimillonarios arbitrajes por el cambio de reglas de juego? Pues modificando los tratados de libre comercio “de acuerdo a los intereses nacionales con miras a reducir el impacto negativo de las cláusulas arbitrales”, esas que protegen la inversión de los países con los que los firmamos.

Perú Libre también señala que “deben revisarse todos los nefastos contratos-ley” e “invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado”. Sobre los TLC, considera que “nos han convertido en una colonia comercial” y plantea revisarlos para “según el interés del pueblo”, reafirmar, regular o anularlos.

Acción Popular es más general, pero igual de alarmante: “Se tiene que desglobalizar la economía en el Perú, priorizando y fortaleciendo el aparato productivo nacional”.

Pero estos partidos no tienen el monopolio de las propuestas peligrosas para la inversión. Rafael López Aliaga promete refinanciamientos de todas las deudas de tarjetas de crédito o capital de trabajo por siete años a “una tasa de interés que no será abusiva” y expropiar los “peajes corruptos”; Hernando de Soto plantea acciones de política monetaria que son de exclusiva potestad del autónomo BCR; George Forsyth ofrece una nueva Constitución que cambie el rol del BCR para que vele por “el nivel actividad económica y de empleo” y “aclarar el principio de subsidiaridad del Estado en las inversiones”.

En la otra orilla, Keiko Fujimori ha defendido la Constitución, pero su rol en la inestabilidad política que también ahuyenta a la inversión le quita autoridad moral para custodiar la “estabilidad”.

Sin embargo, que no se cambie lo que funciona no debería confundirse con que no se cambie nada. Necesitamos un Estado eficiente, un sector privado comprometido con el desarrollo del país y reformas que permitan que el Perú sea más justo, inclusivo y sostenible, pero esperemos que el próximo presidente entienda que será más fácil lograrlo si construimos sobre lo avanzado.