Recuperar la autoridad, por Aníbal Velásquez

La descentralización representó una de las políticas públicas de mayor importancia en nuestro país. Con esta, se transfirieron más responsabilidades y recursos a los gobiernos regionales y locales para mejorar la gestión política, económica y social. Doce años después existen argumentos contundentes para replantear esta política.

Pese a que han disminuido los índices de desnutrición crónica infantil de un 23,2% en el 2010, a un 14,1% en el 2014, aún existen brechas en enfermedades como la malaria, cuyos casos han aumentado de 23 mil en el 2011 a más de 48 mil en el 2013, teniendo su foco en la región Loreto, que representa casi el 90% de los casos de todo el país.

Estas áreas han sido descuidadas en los últimos 12 años debido a que las funciones de conducción, operación, monitoreo y evaluación han sido transferidas sin cortapisas a los gobiernos regionales, dejando al Gobierno Central sin capacidad legal y operativa para intervenir en casos de omisión de funciones o deficiencia. 

Como resultado, se han generado casos dramáticos. Durante el 2008, por ejemplo, se presentó la segunda epidemia de dengue con el mayor número de casos en la historia del país, producto de la falta de control, vigilancia y registro de casos en el lapso de una huelga regional que duró alrededor de dos meses.

Asimismo, en el 2009, en la región Puno, donde se presentó el mayor número de muertes por neumonía en niños menores de 5 años, ¿cuál fue el problema en este caso? Pues que pese a que el Gobierno Central le transfirió a la región más de 42 millones de soles y más de 12 mil vacunas para que pueda intervenir, el Gobierno Regional de turno solo gastó el 3% del presupuesto total en salud y aplicó solo 26 dosis de vacunas. Frente a ello, el Gobierno Central no tenía capacidad de intervenir. Solo quedaba denunciar al presidente regional en el fuero judicial, lo que implicaba un proceso largo que no resolvería el problema directamente. 

Ante ello, la reforma de salud ha abierto la posibilidad de establecer declaratorias de emergencia, permitiendo intervenir directamente en la población desatendida. Pero esta medida sigue siendo insuficiente, pues incentiva a los gobiernos regionales y locales a dejar que el Gobierno Central resuelva los problemas sin devolver los recursos no utilizados. 

Urge un nuevo acuerdo de todos los actores sociales, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, los gremios de trabajadores, el sector privado, los órganos de control de justicia y la ciudadanía para redefinir las responsabilidades de los gobiernos regionales y locales. Ello para que el Estado pueda cumplir con salvaguardar la salud de todos los peruanos. 

Mientras tanto, el Ministerio de Salud viene contratando vacunadores y fumigadores para aumentar la cobertura y disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades. Además, se viene trabajando en el nuevo reglamento de organización y funciones del ministerio, que ha establecido la creación del Viceministerio de Salud Pública, lo que permitirá reorganizar las estrategias sanitarias y mejorar la calidad del gasto público en salud. Esto incluye las bases de la creación del nuevo centro de control de enfermedades, autoridad sanitaria que ejercerá funciones de prevención, detección y respuesta rápida para enfrentar emergencias y amenazas contra la salud pública.