Recuperar lo básico

Desde el mundo de las políticas públicas los desafíos de un país se centran en crear desarrollo y prosperidad, para lo que el crecimiento económico es fundamental. El Perú –como el resto de los países en desarrollo– necesita atraer la inversión que genera tanto el empleo como los ingresos tributarios para que el Estado cumpla sus funciones en beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables. Para ello se necesita mejorar las condiciones de competitividad y productividad; lo que pasa por educación, salud, infraestructura, Estado de derecho y una macroeconomía sana. Sin embargo, esta mirada desde tan arriba –que en lo fundamental sigue siendo cierta para marcar el norte– no registra las urgencias y complejidades del momento actual.

Pongamos el ejemplo de Apurímac. Gracias a una inversión minera sin precedentes (liderada por Las Bambas, pero con otros actores en un corredor minero con enorme potencial), el PBI per cápita se multiplicó por cuatro en el último lustro, la pobreza se redujo a menos de la mitad, se generaron más de 7.000 empleos directos y 60.000 indirectos, beneficiándose al 60% de la población; se dieron condiciones para el desarrollo de pymes locales, además de generarse ingresos para el gobierno regional de más de S/1.500 millones por transferencias (datos del Centro para la Competitividad y el Desarrollo). Al mismo tiempo, Las Bambas ha tenido bloqueos por 560 días, el equivalente a un año y medio –lo que impactará en el canon, pero también en las decisiones de inversión de otros actores en la zona–. No solo eso, en las recientes protestas tras la salida de Pedro Castillo, murieron personas y se registraron actos vandálicos contra propiedades públicas y privadas.

Podría desarrollar otros ejemplos, pero este ilustra como pocos el punto de que el Perú, aun habiendo crecido robustamente la mayor parte de este siglo (y que gracias a ello se dieron algunas mejoras sustantivas en el nivel de ingreso promedio de la población, disminución de la pobreza, incremento en la expectativa de vida, cobertura de servicios como electricidad e Internet, entre otros), tiene hoy un reto más profundo y esquivo: generar condiciones de gobernabilidad y sostenibilidad. Y es que, junto con avances importantes, hubo áreas completas en las que el Estado falló, (siendo la falta de infraestructura para atender el COVID-19 el ejemplo más trágico).

Si bien los números de progreso son claros, allí hay promedios que enmascaran desigualdades que resultan en un nuevo nivel de problemas que no tienen que ver con la economía y las políticas públicas, sino más bien con la sociología, la psicología social y la ciencia política.

A pesar del crecimiento y la mejora en distintos indicadores de bienestar tenemos otros indicadores de bienestar muy rezagados y disparidades que llevan a una bajísima aprobación de las autoridades y la clase política en su conjunto; pedidos de nueva Constitución sin tener claridad de qué se quiere cambiar; una profundización de la desconfianza interpersonal (solo 17% confía en “la mayoría de la gente”, frente a un promedio regional de 30%) y desconfianza en el futuro (el 71% de los jóvenes entre 18 y 24 años tiene interés en emigrar).

Como consecuencia de lo anterior, necesitamos enfocar el año que se inicia en algunos temas básicos. Para comenzar, realizar los ajustes a las reglas de juego políticas que permitan elecciones más representativas y menos pobladas por actores mafiosos. También, trabajar en que el Estado vuelva a funcionar. ¿Cómo no va a haber desconfianza si, a pesar de los mayores recursos, esto no se traduce en mejores servicios? El nivel de ejecución de la inversión pública, aun con el repunte del segundo semestre no llega al 60%, los colegios se cierran al primer problema y la inseguridad ciudadana crece.

¿Cómo va a recuperarse la confianza empresarial para incrementar la inversión si el Estado no hace respetar la ley en las tomas de minas o carreteras? El gobierno de Castillo con sus más de 80 ministros, desprecio por la meritocracia y toma de ministerios por grupos con intereses más que subalternos o directamente mafiosos hizo más inoperante al Estado y socavó la ya baja confianza de la gente de a pie y del empresariado. El foco del Estado en el 2023 tiene que estar en la recuperación del Estado de derecho y la ejecución transparente de la inversión; esquemas de tercerización como los de la Reconstrucción con Cambios ayudarían mucho, al igual que mucha comunicación y diálogo. Tener una presidenta dispuesta a comunicar –desde retomar conferencias de prensa hasta mensajes en quechua fluido– es un buen auspicio.

Finalmente, necesitamos actuar a nivel de los liderazgos de la sociedad civil y los grupos políticos para encontrar la manera de “colaborar con el enemigo” (concepto de Adam Kahane, quien ayudó en el proceso de paz en Colombia y antes en Sudáfrica). Esto implica no convencer al otro de que nuestra tesis es la única correcta, sino convencernos todos de la necesidad de dialogar y negociar de buena fe; buscar soluciones que funcionen –al menos mínimamente– para todos, mientras se crean las condiciones para emprendimientos más grandes; y entender al otro como un actor con el que tenemos un destino compartido.