Hace unas semanas formulamos, en este Diario, una propuesta de reforma del sistema previsional. Agradecemos el interés que nuestra propuesta ha despertado en la opinión pública. Todos los comentarios y críticas son, por supuesto, bienvenidos. En el siguiente espacio expondremos brevemente los principios que orientan nuestra propuesta.
El primer principio es el respeto a la persona y a la libertad de elección. En el contexto previsional peruano, la Encuesta Nacional de Hogares demuestra que las tasas de ahorro de las personas fuera del sistema previsional son similares a las de aquellas que, dentro del sistema, son forzadas a ahorrar. Es decir, los datos rechazan la hipótesis que la obligatoriedad del ahorro previsional incrementa en neto el ahorro personal. Sin entrar a analizar las causas de este resultado tan real como paradójico, el ahorro forzoso (ONP o SPP) no es el único camino para la seguridad financiera durante la tercera edad en el Perú.
Los notables esfuerzos por educarse a sí mismos, a los hijos, y por construir o adquirir inmuebles son manifestaciones de la visión de largo plazo de millones de compatriotas. El sistema previsional actual desconfía de la innovación, el ingenio y el liderazgo de las personas y familias que apuestan por su progreso. Esta desconfianza es incompatible con una sociedad libre y democrática y es, más bien, reminiscente de la planificación central.
El segundo principio de nuestra propuesta es la universalidad del beneficio de pensión para prevenir o aliviar la pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Este principio se inspira en la Iniciativa sobre un Nivel Mínimo de Protección Social de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las recomendaciones de la OIT (nótese que el Perú se ha separado de las recomendaciones sobre seguridad social de la OIT). La universalidad del beneficio es un derecho humano, debe protegerse debido a las fallas del mercado y consagrarse por ley. Consideramos que la solidaridad con los que menos tienen es, además, condición necesaria para la estabilidad a largo plazo de nuestras instituciones.
Para financiar una pensión básica, preferimos utilizar el sistema recaudatorio de los impuestos indirectos porque, en nuestro país, es mucho más eficiente que el del Impuesto a la Renta. El actual sistema previsional es una barrera adicional al crecimiento del empleo moderno, pues grava las planillas y subsidia el empleo informal. El mecanismo propuesto es independiente de la transición demográfica y el envejecimiento.
El éxito de Pensión 65, concebido como un programa de inclusión social, se basa precisamente en el rotundo fracaso del sistema previsional en ampliar su cobertura más allá de uno de cada cuatro adultos mayores. Una pensión básica no abre el camino al populismo. La reciente confiscación de las cuentas individuales en Argentina debería bastar como contraejemplo. Caldo de cultivo del populismo son, más bien, la exclusión social y la inequidad.
Esperamos que el debate lleve a una amplia y libre reflexión nacional sobre el cuidado del adulto mayor. En 1992, cuando por decreto ley se creó la estructura del sistema previsional actual, no hubo ni reflexión ni debate. Y la reflexión nacional no puede estar circunscrita a los “técnicos”. Por la importancia del beneficio de pensión para todos los peruanos, la conversación sobre las pensiones debe incluir al conjunto de la sociedad civil. Así, se podrá asegurar el diseño de un sistema previsional eficiente y sostenible, y programar la secuencia de transición para alcanzarlo.
* Texto escrito con María Amparo Cruz-Saco y Bruno Seminario.