La relación deuda/PBI federal de EE.UU. aumentó considerablemente durante la Gran Recesión del 2008 y continuó aumentando a partir de entonces. Para el 2019, había alcanzado el 106%, y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estuvo advirtiendo que los fondos fiduciarios para el Seguro Social y Medicare se agotarían para el 2028.
Luego vino el COVID-19. Frente a los bloqueos y el colapso de la actividad económica, los gobiernos de todo el mundo aprobaron grandes gastos adicionales a pesar de que se esperaba que los ingresos disminuyan. Después de proyectar un déficit fiscal anual de US$ 1 billón antes de la pandemia, la OPC elevó su estimación del déficit para el año fiscal en US$ 2,2 billones adicionales, seguido de US$ 0,6 billones adicionales en el 2021.
Esto significa que en el espacio de solo siete meses, el índice de endeudamiento de Estados Unidos ya superó el nivel acumulado durante los dos años de la Gran Recesión, y eso ni siquiera tiene en cuenta los proyectos de ley de gastos adicionales que el Congreso aún tiene que aprobar. La opinión generalizada es que estos gastos están justificados, dadas las horribles circunstancias de la pandemia. No obstante, los responsables de la formulación de políticas deben reconocer que se necesitarán medidas para reducir el déficit.
Sin duda, algunos economistas han argumentado que en este entorno de baja inflación y bajas tasas de interés, uno no debería preocuparse por el tamaño de la deuda federal, lo que implica que los déficits deberían expandirse aún más para financiar la infraestructura y otros gastos, mientras que los costos de los préstamos son tan bajos. Pero no hay garantía de que las condiciones financieras de hoy continúen indefinidamente. Por el contrario, si los inversionistas llegan a creer que los posibles aumentos de la deuda requerirán tasas de interés más altas para inducir a la gente a mantenerla, no comprarán de buena gana nueva deuda a la tasa baja imperante.
En cualquier economía avanzada, la perspectiva de que el gobierno no pueda refinanciar su deuda para financiar sus gastos es simplemente inaceptable. Pero si bien reducir los déficits fiscales actuales y futuros es la solución obvia al problema, también tiende a ser la más difícil de lograr políticamente.
Esto implica que habrá una fuerte tentación por reducir la deuda a través de medidas conocidas como “represión financiera”. Los formuladores de políticas podrían intentar reducir los costos del servicio de la deuda poniendo un tope a las tasas de interés que las instituciones financieras pueden pagar.
Un tope de tasa de interés permite a los gobiernos vender y renovar bonos gubernamentales a tasas más bajas de lo que podrían hacerlo de otra manera, porque los ahorradores no pueden obtener mejores rendimientos en otros lugares. Los gobiernos incluso han puesto límites a los intereses que pueden cobrar los prestamistas, lo que ha provocado un racionamiento del crédito entre los posibles prestatarios.
Cuando se utilizó en el pasado, la represión financiera ha funcionado, reduciendo la relación deuda/PBI de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Además, Carmen M. Reinhart, ahora economista en jefe del Banco Mundial, y Maria Belen Sbrancia del Fondo Monetario Internacional han estimado que, entre 1946 y 1955, Estados Unidos liquidó una deuda equivalente al 5,7% del PBI anual mediante la represión financiera.
Esta reducción gradual se produjo porque los topes de las tasas de interés fueron inferiores a la tasa de inflación, lo que resultó en un rendimiento real negativo para los acreedores durante este período.
Aún así, los analistas desde entonces han concluido, más o menos unánimemente, que la represión financiera redujo el crecimiento del PBI y que fue perjudicial para la economía. La represión financiera desvía los ahorros privados de la inversión privada hacia valores gubernamentales, generalmente acompañada de una inflación creciente debido al exceso de demanda a la tasa de interés controlada. Por estas razones, casi siempre va acompañada de un crecimiento relativamente más lento.
Si bien un gran déficit fiscal puede estar justificado debido a la pandemia, los políticos y el público deben saber que una relación deuda/PBI peligrosamente alta deberá abordarse una vez que haya pasado la crisis inmediata. De lo contrario, el nexo de alta inflación y lento crecimiento que acompaña a la represión financiera podría ahogar la recuperación.
Una posibilidad sería que se promulguen disposiciones para los próximos aumentos de impuestos, o establezca un programa de aumentos basado en un impuesto al carbono, un impuesto al valor agregado o un recargo sobre los impuestos sobre la renta.
La mayoría de los observadores económicos reconocen que el crecimiento “normal” no puede reanudarse hasta que la pandemia esté bajo control. Pero incluso cuando llegue ese maravilloso día, la sostenibilidad económica requerirá abordar la deuda.
–Glosado, editado y traducido–