Sin Pedro Castillo, ¿fin de la crisis?

En las actuales circunstancias de la crisis política, la alternativa que tiene largamente mayor legitimidad es la que propone la salida de todos: del presidente y los congresistas. No es que la crisis se resolverá de un día para el otro, pero sí abre el espacio para que los actores políticos recuperen parte de su legitimidad.

De lo contrario, si, por ejemplo, prosperara el emplazamiento de la fiscal de la Nación al Congreso para que dé trámite a su denuncia constitucional, esto resultaría en la salida de Pedro Castillo y el mantenimiento de los congresistas en sus curules (un desenlace apoyado solo por el 3%, según la encuesta IEP de setiembre reciente).

Al margen de la validez o no de los fundamentos jurídicos de la propuesta fiscal, una decisión del Congreso que signifique solo la salida de Castillo implica supuestos hoy por hoy de difícil cumplimiento: la mayoría de la población la aceptará, protestará solo una minoría y, si la situación se complica, se resolverá fácilmente aplicando mano dura, en especial en las regiones que no son Lima.

Ante las acusaciones que penden sobre la vicepresidenta Dina Boluarte, ¿es posible imaginar un gobierno transitorio de origen parlamentario que resista cuatro años enfrentando las resistencias de la calle y las que surgirán en el Congreso? Para mencionar una muestra del fraccionamiento de este último, cabe recordar que hubo cuatro listas para elegir a Lady Camones (APP) como su presidenta, y luego seis para elegir a José Williams (Avanza País) como su sucesor. Por lo demás, los 130 congresistas están agrupados en 13 bancadas, además de los “independientes”, y José Williams pertenece a una bancada de solo nueve integrantes.

No hay una varita mágica que valga. La razón es que, a pesar de su improvisación extrema y de las múltiples acusaciones de corrupción contra el presidente Castillo, la crisis no solo se debe a él, sino también a la actuación del Congreso, a la inexistencia de partidos nacionales, a la presencia de poderosas sociedades informales e ilegales, a la corrupción extendida y a la desafección de la ciudadanía hacia la política. Todo esto, junto con el hecho más general de que la política ha dejado de ser un ámbito de búsqueda del bien ciudadano para ser un terreno en el que priman, de lejos, intereses económicos individuales o de grupo.

Otro factor que no puede soslayarse es que el esfuerzo por salir de la crisis debe recoger el estado de ánimo mayoritario, no solo el de Lima, sino el de todas las regiones. En todo caso, los peruanos debemos resolver los problemas en democracia, sin recurrir a tutelajes.