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Se esgrime que en 1993 se creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP) para solucionar el problema de financiamiento y corrupción del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Mientras el nacional es un sistema de reparto en el que los beneficios se definen con reglas pensionarias claras y el mecanismo de solidaridad es explícito (los jóvenes financian las pensiones de los mayores, los sanos a los discapacitados, los de altos ingresos a los de bajos ingresos, etc.), el privado se basa en la capitalización individual de contribuciones (la pensión depende del tamaño de las contribuciones de los afiliados y el rendimiento de las inversiones).
Es cierto, los parámetros del SNP antes de 1993 no eran correctos, se contribuía poco en comparación a los beneficios y no había especialización ni transparencia en las inversiones, ni un buen gobierno corporativo, todo lo cual dejaba margen para corrupción y malas inversiones. Sin embargo, en lugar de mejorarlos, se introdujo un nuevo modelo completamente opuesto al de reparto.
Esto quiere decir que en 1993 se usó como excusa la mala gestión de un determinado modelo de pensiones para introducir un sistema adicional. Veintidós años después, el Congreso está a punto de hacer lo mismo: usar como excusa algunos problemas de la gestión del modelo de capitalización individual para permitir que los pensionistas puedan retirar el 95,5% de sus fondos en el SPP.
Mi evaluación, desde años atrás, es que el sistema de pensiones peruano en su conjunto no tiene sentido. Es ilógico tener un SNP cuya base contributiva no incluye a toda la población nacional asegurada. Es más, su base contributiva tiene salarios mucho menores que los del SPP. Entre otras cosas, esto ha congelado las pensiones mínimas de dicho sistema desde el 2002, pero no ha impedido un crecimiento sostenido de nuevos asegurados, en particular de bajos ingresos –justamente por la existencia de este beneficio mínimo que no existe en el SPP–. Por otro lado, los afiliados del SPP no pueden tener una pensión mínima porque este es un sistema basado en el puro esfuerzo contributivo individual.
Estamos en el medio de una trampa por mantener dos modelos de pensiones desconectados y compitiendo en el mismo país. La única forma de salir de ella es reunir ambos sistemas dentro de una estructura única en la que todos los asegurados tengan acceso a una pensión mínima (cumpliendo ciertos requisitos). Para lograrlo, se debería destinar parte de su contribución a un fondo solidario que pague por ella y otra parte a cuentas individuales de capitalización. Así se respeta la propiedad de los fondos individuales acumulados a la fecha y se usan los años contribuidos como válidos para otorgar la pensión mínima.
Asimismo, una nueva oficina de pensiones creada con parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) podría encargarse de los procesos de afiliación y cobranza, lo cual haría redundante la existencia de las AFP en su estado actual. Se necesitarían, en su lugar, pequeñas, eficientes y puras administradoras de fondos, lo cual haría más factible la entrada de nuevas firmas y facilitaría la competencia en el área donde sí sirve: las inversiones y comisiones de administración. La combinación de elementos de reparto y capitalización individual es siempre mejor que en un modelo único en el que no se diversifican los riesgos financiero, laboral y demográfico.
