Un nuevo desafío, por Giovanna Prialé Reyes

Si revisamos el último Informe Mundial sobre Protección Social (2020-2022), publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este revela las enormes brechas de acceso a la seguridad social en el mundo en salud y pensiones. El patrón se acrecienta según el nivel de riqueza de los países. En los países más ricos –que presentan un PBI promedio per cápita de US$43.950– el acceso a la seguridad social es del 62,8%, mientras que en los de ingreso medio (PBI per cápita de US$5.217) esto se reduce al 24,8% y al 7,8% en los de ingresos bajos (PBI per cápita de US$688).

El acceso a la protección social debería acompañar a la persona a lo largo de su vida, previniendo caer en situación de pobreza y limitando las desigualdades. Incluye, por lo tanto, cubrir la necesidad de los segmentos más vulnerables, como los niños, las madres de recién nacidos, las personas con discapacidad severa, los trabajadores que enfrenten casos de accidentes en el trabajo o enfermedad profesional, las personas desempleadas, los adultos mayores y las personas vulnerables con cobertura de asistencia social.

Entre los grupos vulnerables, la gran mayoría de los niños no cuenta con una cobertura de protección social efectiva en el mundo, dado que solo el 26,4% de ellos la recibe. Del mismo modo, al observar el segmento de madres de recién nacidos y desempleados, el ratio se encuentra en 44,9% y 18,6% de cobertura mundial, respectivamente.

Esta situación, que ya era compleja, se ha agudizado por la pandemia. Hoy, según este estudio, solo el 46,9% de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social (3,6 mil millones de un total de 7,8 mil millones).

En el Perú, la situación es menos alentadora dado que solamente el 16,1% de los niños cuenta con cobertura de asistencia social, mientras que en maternidad el ratio se reduce a 8,8% y en desempleados a 7,3% de cobertura efectiva. En tal sentido, para nuestro país, la necesidad de establecer los pisos de protección resulta más apremiante que en otras realidades, más aun si observamos la realidad en la seguridad social previsional donde solo el 26,5% de los trabajadores ahorra para su jubilación, ocasionando que solamente el 35,6% de los adultos mayores cuente con una pensión.

En esa línea, la OIT pone en el centro de la discusión el concepto de pisos de la seguridad social con el objeto de garantizar una protección destinada a prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. En tal sentido, reforzar los sistemas de protección social requiere: (1) cobertura universal, acceso a atención sanitaria esencial y garantía de ingresos básicos para las personas mayores; (2) ampliación de la gama de prestaciones como acceso a maternidad, nutrición y cualquier otro bien o servicio necesario; (3) desarrollo de sistemas financiados de forma sostenible con prestaciones basadas en derechos básicos; y (4) adaptación a la evolución del mundo laboral.

En nuestro caso, se requiere soluciones que involucren tanto al sector formal como informal. En lo primero, un gasto nacional del 0,23% del PBI en los primeros cinco años para garantizar una cobertura universal a través del capital semilla y Pensión 65; y 0,74% para ofrecer prestaciones equitativas sobre la base de un piso de pensión mínima universal para todos los trabajadores que aporten a un sistema de pensiones. En lo segundo, el 0,10% del PBI para la inclusión y adaptación laboral, a través del aporte voluntario del sector informal vía la devolución del 2% del IGV recaudado y la realización de contribuciones equiparadas para independientes.