Si hacemos un balance del año que termina, debemos empezar por recordar cómo lo iniciamos. Así, si bien registrábamos que la presidenta Boluarte había logrado consolidarse en el gobierno, también exhibía una gran precariedad, expresada en muy bajos niveles de aprobación ciudadana. En diciembre del 2023 su gestión solo era aprobada por el 9% de los encuestados y desaprobada por el 84%, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En general, se le cuestionaba no solo la forma en la que llegó al gobierno, también su falta de iniciativa y de convicción para enfrentar los grandes problemas del país.
En los primeros meses del año que se va, se generó cierta expectativa, dentro de sectores de derecha, por la posibilidad de que Boluarte hubiera optado por una identidad pro mercado más definida, y de que hubiera decidido impulsar acciones conducentes a promover la gran inversión privada. La llegada al Consejo de Ministros de José Arista, en el Ministerio de Economía, y de Rómulo Mucho, en el de Energía y Minas, en febrero, que se sumaron a la presencia de Javier González-Olaechea desde noviembre del 2023, abrieron la expectativa de un cambio de rumbo, que podría haberse concretado bajo la conducción de Gustavo Adrianzén como presidente del Consejo de Ministros desde el mes de marzo.
Sin embargo, las expectativas quedaron defraudadas. El impulso a la inversión minera, por ejemplo, no llegó a concretarse, y, más bien, lo que se vio fue a un ministro débil que debió hacer concesiones frente al desfinanciamiento de Petro-Perú, o frente a los mineros informales. Y tuvimos un ministro de Economía que personaliza el debilitamiento del consenso neoliberal vigente desde mediados de la década de los años noventa entre la élite política, donde nuestra fortaleza fiscal está erosionándose seriamente, sucumbiendo ante presiones y ofertas populistas de congresistas, gobernadores y alcaldes. Todo esto, dentro de un gobierno que retrocede en reformas básicas en la educación, el combate a la corrupción, la autonomía de las instituciones, haciendo sistemáticamente concesiones a presiones en ese sentido, principalmente desde el Congreso. A esto habría que sumar la manifiesta incapacidad del Gobierno para lidiar con los problemas que más preocupan a los ciudadanos: los crecientes niveles de inseguridad ciudadana, expresados en modalidades como sicariato y extorsiones, los niveles mediocres de actividad económica y los escándalos de corrupción.
A esta decepción habría que sumarle las reiteradas inconductas de la presidenta, que la ponen al borde la viabilidad política. El escándalo de los Rolex y las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito, las investigaciones en contra del hermano de la presidenta por tráfico de influencias y su carácter de prófugo de la justicia, la escasa transparencia y rendición de cuentas ante la prensa independiente por parte de la presidenta acentuaron su aislamiento.
Llegamos así al final de este año, y según la encuesta de noviembre del IEP, la presidenta es desaprobada por el 91% y solo es aprobada por el 5%. No cuenta con la opinión pública; ya no cuenta con el respaldo de la derecha, tampoco con el respaldo de una izquierda. Su única fuente de sostenimiento es la aquiescencia frente a la mayoría congresal, cuya lógica de funcionamiento hemos explorado en las últimas semanas. Pero ese apoyo no implica un respaldo de fondo, y las cosas podrían cambiar en el 2025.
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WUF
