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Todos son iguales, pero unos más que otros; por Fernando Rospigliosi

"Si bien la tesis de García de que se ha producido un golpe de Estado es poco convincente, la realidad es que los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados".

Fernando Rospigliosi Analista político

Keiko Fujimori

"La notoriedad que ha adquirido Odebrecht hoy día como empresa corruptora hace que sus aportes en el 2011 resulten sospechosos". (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

La búsqueda de refugio de Alan García en la Embajada de Uruguay sorprendió a todo el mundo, aunque en verdad había algunas señales que no se percibieron.

Los indicios los estaba dando García desde tiempo atrás. Él y sus seguidores más cercanos venían hablando de un golpe de Estado que se estaba gestando en el Perú, pero no de un típico golpe de los de antaño con tanques y soldados en las calles, sino un paulatino y casi silencioso avance de un presunto autoritarismo que estaba concentrando el poder y usándolo para perseguir a sus adversarios políticos.

No son muchos los que creen en esa teoría hoy día. Pero el hecho es que García y sus partidarios la venían repitiendo y ahora la están usando como justificación para la fuga.

El asunto es que hay algunos hechos muy extraños que son utilizados por los que respaldan esa tesis. Por ejemplo, los directivos de Odebrecht han declarado –y su versión es creíble– que en el 2011 entregaron 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, 1 millón a la de Keiko Fujimori, 700 mil a la de Alejandro Toledo y 300 mil a la de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Pero solo Fujimori ha sido imputada de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de dinero junto con dos decenas de sus colaboradores, y encarcelada con varios de ellos. Humala y Heredia estuvieron algunos meses presos, pero no se les acusó de conformar una organización criminal ni se detuvo a sus allegados, ni se allanaron las oficinas de sus abogados, a pesar de que en su caso hay abundantes indicios de lavado de dinero no solo para la campaña sino para uso personal. Y parte de ese dinero –según los funcionarios de Odebrecht– fue entregado cuando ya eran gobierno, lo cual es materia de otros delitos. Además, claro está, que también hay más indicios si es que no evidencias contundentes de que lo mismo hicieron en la campaña del 2006 y después con dinero venezolano, lavado con falsas consultorías de tónicos capilares y palma aceitera.

Tampoco Toledo y su gente han recibido el mismo trato. Él está acusado por las coimas que recibió por la Interoceánica, pero no por la plata de la campaña del 2011, ni se ha denunciado ni detenido a sus allegados de ese momento. Tampoco PPK, que está investigado por sus tratos con Odebrecht cuando era ministro, pero ni él ni sus colaboradores del 2011 han sido imputados ni apresados por delitos similares de los que se acusa a Fujimori.

Como es evidente, si todos ellos recibieron cientos de miles o millones de dólares para sus campañas, tuvieron que blanquearlos con eventos simulados y aportantes falsos. De hecho, se sabe que esa es una práctica usual de todas las campañas electorales de todos los partidos, porque los aportantes, los que donan dinero fuerte, no quieren aparecer, o porque los candidatos no desean que los vinculen con grandes empresas.

Por supuesto, la notoriedad que ha adquirido Odebrecht hoy día como empresa corruptora hace que sus aportes en el 2011 resulten sospechosos. Pero en ese momento no era diferente a otras empresas extranjeras o peruanas, varias de la cuales no son muy distintas en lo que a deshonestidad se refiere, solo que hasta ahora no han sido descubiertas y expuestas.

En síntesis, es obvio que hay un tratamiento notoriamente diferente a Fujimori que al resto de políticos. Por no mencionar a los empresarios peruanos señalados por Odebrecht de haber sido parte de la trama de sobornos a funcionarios públicos para conseguir obras.

En suma, si bien la tesis de García de que se ha producido un golpe de Estado es poco convincente, la realidad es que los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados.
Parafraseando a George Orwell, se puede decir que en el Perú todos son iguales ante la justicia, pero unos son más iguales que otros.

Otrosí digo: desde hace meses la discusión pública está centrada en la fuga del ex juez César Hinostroza, la prisión de los Fujimori –Alberto y Keiko–, la huida de García y su posibilidad de asilo, etc. Muy bien. Entretanto, el empleo formal se deteriora, la seguridad ciudadana no mejora, la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño no avanza, etc. Posiblemente sea, como dijo Julio Velarde, presidente del BCR, porque “Vizcarra no estaba preparado para gobernar”, “no cuenta con la preparación suficiente para ser presidente”, no tiene “un plan económico y de innovación” y “está improvisando”. (15/11/18). Sería interesante prestar atención, algún día, a estos temas.

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