El pasado miércoles, el expresidente Alberto Fujimori recobró su libertad después de seis años luego de que el Tribunal Constitucional (TC) validara el indulto humanitario que el 24 de diciembre del 2017 le otorgó el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El camino ha sido largo y no ha estado ajeno a enfrentamientos, pugnas y sobresaltos políticos.
Antes de recibir las etiquetas de quienes ven al mundo desde la óptica de que “si no estás de acuerdo conmigo eres fujimorista” y todo aquello que rime con el apellido, debo decir que no solo nunca voté por el ingeniero, sino que confieso que fui una joven “antifujimorista”, a diferencia de activos y rentados fujimoristas que hoy se erigen como los adalides del “Fujimori nunca más”.
Fue el recompuesto TC haciendo valer sus fueros el que ordenó la inmediata excarcelación del anciano expresidente. No podemos olvidar que tras la gracia presidencial del 2017 la libertad de Fujimori duró diez meses, pues una sala de la Corte Suprema revocó la medida. El año pasado, el TC determinó que se le restituyera el indulto, pero una rápida acción de la Corte IDH impidió su liberación. Esta vez la historia fue distinta.
Incluso desde el Ejecutivo se entendió que las sentencias del TC se cumplen, más allá de apuradas invocaciones del presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez. Sabemos que los supuestos defensores de los derechos humanos no descansarán hasta ver a Fujimori preso otra vez.
La verdad es que los 25 años de sentencia a Fujimori no fueron por delitos de lesa humanidad, como repite interesadamente más de uno, la condena por los casos Barrios Altos y La Cantuta no contempla esta figura (porque no estaba en el Código Penal). La sentencia es por homicidio y secuestro agravado.
Fujimori tampoco debería ser llevado a prisión otra vez o ser puesto en arresto domiciliario –pedido que se hizo pocas horas antes de su liberación–, pues el indulto del 2017 dado por PPK especifica: “conceder el indulto y derecho de gracias por razones humanitarias a Alberto Fujimori, respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentren vigentes”.
“En momentos en que se da una suspensión express de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se le retira el impedimento de salida del país a Susana Villarán –pese a haber confesado su delito–, el Jurado Nacional de Elecciones le da luz verde al partido de Antauro Humala y se cumple un año de la caída de Pedro Castillo, la liberación de Fujimori es para algunos una válvula de escape”.
Estamos ante la tormenta perfecta, el indulto humanitario a Fujimori, que se dio en estricto cumplimiento de la ley, no debe servir para echar más leña al fuego. Cerremos ese capítulo de nuestra historia de una vez por todas y concentrémonos en defender la alicaída institucionalidad democrática. El país se nos está yendo de las manos.
Editorial
