La democracia no puede ser boba

Antauro Humala y sus secuaces se rebelaron en Andahuaylas contra un gobierno constitucional. Tomaron la comisaría, robándose las armas y municiones, y secuestraron a 17 policías. Cuando llegaban como refuerzos para enfrentar al insurrecto, cuatro policías fueron asesinados a sangre fría. Un sobreviviente escuchó a Antauro justificarlo ante sus compinches: “Hemos matado a cuatro perros del Estado”.

En agosto del 2022, el INPE de Pedro Castillo lo excarceló por cumplir con horas de trabajo y haber “llevado cursos de manualidades y repostería”, lo que el mismísimo favorecido negó luego. Tampoco ha pagado un centavo del millón de soles que debe a los familiares de los asesinados.

Todo esto viene a cuento porque hay un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso que establece que los condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, delitos contra la seguridad nacional, traición a la patria, así como contra los poderes del Estado y el orden constitucional deben, luego de salir en libertad, esperar hasta diez años para postular a cargos de elección popular o ejercer la función pública.

Nadie les quita el derecho a rehabilitarse y desenvolverse en el ámbito privado dentro de la ley. Pero, siendo tan graves los hechos por los que fueron condenados, el Estado debe proteger a la sociedad para que no ingresen a la vida pública hasta que no haya una certeza comprobada en el tiempo de que ya no serán una amenaza para la democracia.

Ya fue inaudito y propio de una democracia boba que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitiera la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. porque “don Antauro Humala no es fundador de la organización política, tampoco ha sido elegido y/o designado en algún cargo dirigencial”. Totalmente diferente a la actitud que en defensa de la democracia tuvo el JNE en el 2012, impidiendo la inscripción del Movadef.

Encima ahora, y pese a la crucial importancia de aprobar el dictamen, este no pasa al pleno. El presidente del Congreso y la presidenta de la Comisión de Constitución se pelotean la responsabilidad de que algo tan decisivo tenga meses esperando cuando el tiempo apremia, si lo queremos vigente para las elecciones del 2026.

La democracia tiene que saber establecer límites. Y, de hecho, estos están en la Constitución. Actualmente está prohibido que condenados en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso puedan postular a cargos de elección popular (artículo 34-A) u ocupar cargos de confianza en el Estado (artículo 39-A).

No significa que sean culpables, sino que hay un riesgo importante de que lo sean, algo que la sociedad no se puede permitir.

La restricción aprobada en la Comisión de Constitución no es una norma con nombre propio, porque el abanico delictivo es amplio y aplicaría a aspirantes a alcaldes y regidores, gobiernos regionales y sus respectivos consejeros, diputados y senadores, y llegando a las previsibles decenas de fórmulas presidenciales que se avecinan.

Hay versiones que insisten en que las razones de muchos congresistas para no proceder a su discusión están vinculadas a su situación jurídica, temiendo que su futuro político pueda verse afectado.

Coda: Dina Boluarte no quiere que la investiguen. Busca retrotraernos a la época previa a Zoraida Ávalos que avanzó respecto a sus predecesores (muy insuficientemente, a mi juicio) abriendo investigación a Pedro Castillo para luego cerrarla hasta que termine su mandato (el Congreso, ilegalmente inmiscuyéndose en decisiones jurisdiccionales, la destituyó por ello). Luego, Pablo Sánchez hizo lo correcto y apeló a la Constitución, que señala que lo que no se puede es acusar, y que, por lo tanto, sí cabe investigar. ¿Y ahora qué leguleyada usarán los doble moral para justificar el pedido de la presidenta?