La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los resultados de la nueva medición de los homicidios en el país para los años 2011, 2012 y 2013. Ellas arrojan tasas de 5,43, 6,53 y 6,61 por 100 mil habitantes, respectivamente. Esto confirmaría que las tasas peruanas se ubican a nivel promedio mundial, muy por encima de las tasas europeas y asiáticas y muy por debajo del promedio de América, el continente más violento del mundo.
Los datos demuestran una tendencia ascendente en la tasa de homicidios, que entre el 2011 y el 2013 creció en 21,7%. También crecieron los cometidos con arma de fuego, que pasaron del 55,5% al 62,5%.
La ciudad más impactada fue Barranca, que alcanzó una tasa de 36,2 por 100 mil habitantes en el 2013, seguida de Trujillo (25,0), Tumbes (24,8) y Chimbote (22,1), todas en la costa norte.
Piura y Chiclayo muestran tasas por sobre el promedio nacional, pero menores a diez, lo que, dado lo extendido de las extorsiones en esta última ciudad, podría indicar una suerte de paz mafiosa.
Otras ciudades golpeadas son Pisco, Chincha Alta y el Callao, que duplican el promedio nacional. Lima Metropolitana, en cambio, que concentra uno de cada cinco homicidios a escala nacional, tiene una tasa de 5 por 100 mil habitantes.
Para llegar a estos datos, el INEI visitó todas las dependencias policiales que registran homicidios en el país, los contó uno por uno y depuró aquellos que no califican como muertes violentas intencionales, incluyendo las muertes por accidentes de tránsito y otros homicidios culposos o no intencionales, los suicidios y algunos casos duplicados.
La depuración eliminó un tercio de los homicidios registrados por la Policía Nacional del Perú. La diferencia con los homicidios registrados por el Ministerio Público es aún mayor, pues estos alcanzaron en el 2011 una tasa de 24,1 por 100 mil habitantes, frente a la de 5,43 del INEI. La diferencia es casi de cinco a uno.
Dado que la cifra de la fiscalía para el 2011 fue la oficial y se compartió con los organismos internacionales, es necesaria una explicación de los errores metodológicos que llevaron a tamaña equivocación. De lo contrario, subsistirán las suspicacias, con mayor razón si, como por arte de magia, en el 2012 su tasa se redujo a 6,4, una cuarta parte de la del año anterior. La falta de credibilidad se acrecienta por la negativa de la fiscalía de abrir su base de datos al escrutinio del INEI, como sí lo ha hecho la Policía Nacional del Perú.
Sería conveniente que, con su nueva metodología, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reconstruya la secuencia de homicidios entre el 2000 y el 2010.
A futuro, será necesario que entre el INEI, la policía y la fiscalía se produzca un solo dato, de preferencia mensualmente, sobre la base de los registros de las dos últimas instituciones, que deben ser abiertos al escrutinio del INEI.