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El lunes vence el plazo para que el Congreso tome una decisión sobre el ministro de Justicia. No es una decisión jurídica, sino política.
La decisión debe ser política, pero eso no quiere decir que pueda ser arbitraria. La censura a un ministro debe tener un fundamento sólido.
No hay evidencia de una directiva o imposición ante la ex procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma. No hay evidencia de que el ministro haya vulnerado la independencia de la Procuraduría Anticorrupción.
El ministro Daniel Figallo reveló, sin darse cuenta, que no conoce a profundidad las normas y los procesos de la colaboración eficaz. Si hubiera sido más sincero en relación a su desconocimiento, no estaría en este embrollo.
El ministro debió empezar diciendo que ignoraba cómo se aplicaba la normativa. Incluso pudo haber pedido la información por escrito.
El ministro de Justicia preside el Consejo de Defensa del Estado. Tiene todo derecho, por tanto, a preguntar cómo funciona el sistema de la colaboración eficaz.
La intervención del ministro revela desconocimiento, por un lado, e interés, por el otro, en un caso particular. Ese interés se pone en evidencia, además, por la presencia del asesor presidencial Eduardo Roy Gates.
¿Qué tenía que hacer el abogado en esa reunión informativa? Es obvio que tampoco conocía el tema y que quería informarse por algún encargo.
El único encargo que pudo tener Roy Gates es el del presidente Humala. El jefe del Estado, en lugar de hacerse informar directamente por el ministro de Justicia, envió a su asesor.
Si la ex procuradora creía que la presencia del asesor presidencial era ilícita, no debió continuar con la reunión. Continuó, probablemente, porque sospechaba que iba a recibir alguna instrucción, y quería grabarla. Grabó, pero no recibió ninguna instrucción.
El presidente Humala nos hubiera ahorrado este trance si hubiera llamado al ministro a Palacio de Gobierno. Ahí se debió informar sobre la figura del colaborador. Y ahí pudo acompañarlo su asesor, sin problemas.
La oposición denuncia algo que no existió: la injerencia del ministro en la función de la procuraduría. También denuncia algo que no es ilegal: la presencia de Roy Gates en esta reunión.
El jefe del Estado ha puesto en evidencia su interés en conocer el caso del prófugo Martín Belaunde Lossio. Podemos especular sobre ese interés, pero no podemos atribuirle dolo.
La oposición quiere hacer una manifestación de poder. Quiere sacar lustre a la nueva correlación de fuerzas políticas en el Parlamento. Por eso pide la censura.
La censura, sin embargo, debe reservarse para casos extremos de error político. Si el ministro hubiera dicho “cambie usted su posición” o algo parecido, la censura quedaría justificada.
La censura es un mensaje que da la representación al Ejecutivo para un cambio de política. No debe ser una ociosa expresión de poder frente a un gobierno debilitado.
Hay que limitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder. De cualquier poder. Siempre y cada vez.
