La coartada del ciudadano Jiménez, por Federico Salazar
La coartada del ciudadano Jiménez, por Federico Salazar

El representante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez, plantea que el Estado solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la llamada “concentración de medios” en el Perú.

Dice nuestro representante que lo hace “como ciudadano, como persona preocupada por estos temas”. Se trata, dice, de contribuir a un debate que existe en el país.

Jiménez ha dicho, en un artículo en El Comercio, que  no declaró que “está listo para presentar demanda”, “ni es el propósito cuestionar o atacar a algún medio” (16/5/14).

Sin embargo, el diario “La República” lo citó así: “Bueno, yo estoy listo para presentar el pedido a la Corte IDH apenas reciba la instrucción” (11/5/14, p. 12). Jiménez sostuvo que su planteamiento de pedir la opinión consultiva es a título personal. “Dado que tengo esta posibilidad de hacerlo, por qué no plantearlo”.

Podría pasar de “ciudadano” a representante del Perú. Con facilidad y feliz ansiedad.

Jiménez está a favor de una mayor regulación del mercado “lo cual no tiene nada que ver con temas de comunicación”. Como si su planteamiento no afectara el caso de la asociación entre El Comercio y Epensa.

“Que se pueda regular el tema de monopolio me parece estupendo para hacer que el mercado funcione”. Cree que lo que a él le parece estupendo es lo que debe regir.

En el artículo aclaratorio se pregunta: “¿Por qué no queremos una opinión consultiva de la Corte Interamericana que ayude a robustecer nuestra democracia?”.

O sea, el señor Jiménez se queja de que lo malinterpretan, pero a la vez insiste en lo esencial de su mensaje. 
Si el ciudadano Jiménez tiene ideas sobre el tema, debe exponerlas en el debate nacional. ¿Acaso la democracia peruana se robustece al recibir opiniones de una instancia fuera del Perú?

¿No es más sensato pensar que la democracia se fortalece con el debate entre ciudadanos y con el recurso a las instituciones nacionales?

La opinión consultiva tiene efectos vinculantes. No se trata de escuchar a unos sabios interamericanos sobre lo que debemos hacer en el Perú. Está en juego si esa opinión debe modificar nuestras instituciones.

Lo que plantea el señor Jiménez es trasladar el poder de los ciudadanos peruanos a los magistrados de la corte supranacional. Es quitarle validez a las instituciones peruanas para sustituirla por el poder de intervenir de la corte.

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, aclaró que el Gobierno no va a hacer semejante pedido a la corte. El Gobierno, efectivamente, tiene que respetar la separación de poderes, que es esencial a la democracia.

Dar un salto de garrocha sobre las instancias, la jurisdicción de nuestra justicia y las leyes peruanas no contribuirá a “fortalecer la democracia”. Ese argumento es una burda coartada para darle poder a un punto de vista particular en el debate sobre los medios.