Te aviso, te anuncio

El viernes se cerró, por ahora, la posibilidad de que el país asista a comicios anticipados. Aunque la situación podría cambiar en las próximas horas (esta columna se cerró cuando el pleno del Congreso suspendía su sesión para hoy) o días, por ahora debe considerarse que los comicios tendrán lugar en algo más de tres años. ¿Cómo sería dicho plazo?

Descontando el período correspondiente a la campaña electoral, que regularmente libera al Ejecutivo de algunas presiones, debe calcularse que al gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte le quedan algo más de 30 meses. Van recién dos. A diferencia del ánimo optimista que hubo tras su atolondrado comienzo, el balance actual es más cercano al desconcierto, la angustia, la impaciencia y –cuando se piensa en el alto número de fallecidos– el dolor.

Si se mantiene el patrón que ha mostrado el Ejecutivo hasta hoy, debe decirse que a veces el voluntarismo desborda: hace que se vea aquello que se desea y no lo que realmente pasa. La noche del 18 de enero, por ejemplo, cuando la llamada ‘Toma de Lima’ había mostrado sus límites, se dijo que la situación estaba controlada. Pero tal aspiración parece aún lejana, a pesar de que la protesta se ha reducido. De hecho, al cierre de esta edición, Sutrán reportaba que 59 puntos de la vía nacional permanecían interrumpidos. No es poca cosa.

A ello se agrega la inclinación a la arbitrariedad presente en el actual contexto político. El politólogo Daniel Encinas describe este momento como un “caos autoritario” (“Letras Libres”, 1/2/2023), aludiendo a la recurrente tentación no resistida en la represión estatal por el gatillo fácil o acciones que dificultan el rol de la prensa.

Pero habría que agregar a este ánimo mandón aquellas decisiones inconsultas que impone la turba (bloqueo de carreteras, cierre de comercios, ataque a instalaciones), ante lo que la aplicación de la ley resulta algo meramente referencial. El país se encuentra, así, ante un autoritarismo sin autoridad.

También debe observarse el preocupante incremento de la conflictividad social altísima, tan palpable recientemente, aunque desplazado de las portadas en los últimos días por las lluvias o los crímenes de gran impacto. En diciembre del 2022 (la última cifra disponible), la Defensoría del Pueblo reportó 704 acciones colectivas de protesta. La cifra casi duplica la correspondiente a noviembre (361) que ya era alta y más que duplica la correspondiente a agosto del 2021 (231), el primer mes de Pedro Castillo en la presidencia.

Para tener una referencia, en enero del 2021 –cuando Francisco Sagasti era el jefe del Estado– eran 135. No está de más recordar el evidente desmantelamiento del aparato represivo por el gobierno anterior o la negligencia con la que se manejaron estos asuntos.

Finalmente, la indudable mejora técnica en el Gabinete Ministerial no debería hacer que se prescinda de profesionales con un perfil más político. Frente a un Congreso mayoritariamente inexperto se hace necesario un contrapeso más político, algo muy ausente en estos 60 días.

¿Es el desenlace en torno al adelanto de los comicios uno en el que el Ejecutivo pueda ponerse de lado, como parece aspirar? Si sirve como referencia la silente actitud ante lo acontecido el viernes, seguramente será la opción que se tome.

Pero, tarde o temprano, el gobierno de Boluarte tendrá que plantear una posición ante el Parlamento. Quizás entonces deba recordar aquella vieja canción de Shakira: “Te aviso y te anuncio que hoy renuncio / a tus negocios sucios / ya sabes que estoy de ti vacunada / a prueba de patadas / Por ti me quedé como Mona Lisa / sin llanto y sin sonrisa”.