¿Demasiado Swing?

El Caso Swing es un caso serio, que se hizo mucho más complicado gracias a la falta de transparencia de Palacio de Gobierno sobre el tema. En el Perú colocar amigos o conocidos en puestos públicos es una práctica sumamente común. Muchos de los políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los contratos en el Ministerio de Cultura han facilitado la llegada de primos, tíos, personas vinculadas a su partido o a su campaña, a puestos financiados con el Tesoro Público. Sin embargo, estimado lector, claramente, que algo sea común no hace que sea correcto.

Dicho esto, para llegar a la conclusión de que algo incorrecto ocurrió, qué fue exactamente lo que pasó y quiénes fueron los implicados es necesaria una investigación seria. A pesar de que a casi todo el país le haya quedado claro que algo pasó entre Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura para que un personaje como Swing haya sido contratado por seis ministros distintos, la evidencia es indispensable para construir un caso penal. La tarea, sin embargo, no parece demasiado compleja. Hay correos electrónicos, audios, testigos y contratos que, hasta ahora, parecen construir un argumento sólido contra algunos de los acusados.

En esa línea, hay tres detalles importantes a tomar en cuenta en las detenciones preliminares llevadas a cabo ayer. En primer lugar, no todos los implicados han tenido el mismo nivel de involucramiento en el caso y, aun así, se les ha llevado a todos por igual a la carceleta. En segundo lugar, ¿es realmente necesario detener a estas personas para resolver un rompecabezas de tan pocas piezas? Y, en tercero, cómo es que contratos por montos menores (aunque muchos) pueden justificar privar de su libertad a ciudadanos que, se supone, gozan de presunción de inocencia.

Como decía líneas arriba, el Caso Swing es un tema serio, pero apresar a una persona sin una justificación razonable lo es más. Yo he sido de las primeras en señalar que la influencia de la señora Morales en Palacio de Gobierno merecía tener más visibilidad por parte de la ciudadanía o que las contrataciones de Richard Cisneros –allá por inicios de la pandemia cuando el presidente negaba conocerlo– claramente tenían visos de ilegalidad. Sin embargo, me cuesta pensar que un caso en el cual no ha habido una coima, ni una obra millonaria vendida, ni lavado de activos, ni un daño irreparable al Estado (salvo por la pobre gente que tuvo que asistir a los seminarios de Swing), merezca que la policía ingrese a la vivienda de los 10 implicados en la madrugada y se los lleve sin que siquiera sus abogados hayan sido notificados de la resolución judicial horas después. La pregunta de fondo en este caso –y en muchos otros que tiene la fiscalía actualmente– es, ¿es posible investigar a los acusados en libertad?

Creo sinceramente que es necesario reflexionar como sociedad sobre esa pregunta. La Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre los requisitos que debe cumplir una solicitud fiscal para que la prisión preventiva o la detención preliminar se justifiquen. Habría que evaluar seriamente si estos criterios son los que se están poniendo en acción.