Pataz, la violencia y el presupuesto público

En medio de una semana particularmente convulsa –y eso es mucho decir, dado los estándares peruanos–, me permito reflexionar sobre dos hechos que marcaron los últimos días y de los que no se ha discutido lo suficiente. En ambos casos, la incapacidad del Estado Peruano para brindar los servicios básicos y asegurar los derechos más elementales forman parte, desafortunadamente, del telón de fondo.

El crimen de Pataz y la creciente violencia. El sábado 2 de diciembre, la compañía minera Poderosa sufrió un atentado en Pataz que dejó un trágico saldo de nueve trabajadores muertos y 13 heridos. Esto, lamentablemente, forma parte de la escalada de violencia que sufren muchos peruanos a manos del crimen organizado en diferentes zonas del país. Unos días antes, por ejemplo, Quinto Inuma, defensor ambiental y líder de su comunidad, también fue asesinado. Y tristemente ya no parece llamarnos la atención cómo los noticieros en la mañana deben enfocarse en temas policiales, para hacer un recuento de los atentados a pequeños comerciantes que decidieron no pagar cupos a los criminales. Frente a esta situación, no puedo dejar de dar, en primer lugar, mis más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos por esta violencia insensata. Debemos levantar nuestra voz y exigir al Estado que imponga el orden y el cumplimiento de la ley. Y debemos hacerlo hoy, no mañana, pues la progresión de esta espiral de violencia nos puede llevar a escenarios terribles e insospechados. Los peruanos ya hemos sufrido un período de enorme violencia provocada por el terrorismo y sabemos perfectamente cuánto dolor y pérdida de bienestar generó para todos nosotros. No podemos permitir que estas bandas criminales, en complicidad con la pasividad de algunas autoridades y la corrupción de otras, nos regresen a ese período de intranquilidad. Como en aquella oportunidad, se requiere que el país se una y que los efectivos del orden empleen inteligencia policial para desarticular estas bandas.

Si bien los principales costos de la violencia son humanos, no podemos dejar de considerar los costos económicos y sociales generados por esta lacra. Así, de acuerdo con lo señalado por el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, en un reciente artículo de opinión, el impacto económico de la inseguridad en nuestro país sería de algo más del 3% de nuestro PBI. No obstante, si la espiral de violencia continúa, podemos empezar a parecernos a otros países que sufren con mayor intensidad de este problema. Pensemos, por ejemplo, en el caso del hermano país de México. Según el Institute for Economics and Peace, el impacto económico estimado de la violencia en México en el 2022 es de aproximadamente el 18% de su PBI (esto es, alrededor de US$230 mil millones). Esto puede darnos una idea de cuánto más puede escalar este problema si no lo enfrentamos decididamente hoy.

El presupuesto público 2024. La semana pasada se aprobó, contra la hora, el presupuesto público para el próximo año, que asciende a algo más de S/240 mil millones. Como en el presupuesto familiar, revisar en qué se gasta más nos da luces sobre qué es lo que el Estado prioriza. Y, para poder tener una idea de cómo este ha evolucionado en el tiempo, lo he comparado con el presupuesto de hace diez años. Lo primero que llama la atención es que el presupuesto estatal se ha más que duplicado en estos diez años (en el 2014 era de S/108 mil millones; incluso si se descuenta la inflación, el presupuesto ha aumentado un 56% en términos reales). Frente a esto, cabría hacernos una primera pregunta: ¿sentimos que los servicios públicos han mejorado a la par de estos mayores recursos?

El tamaño del Estado también ha aumentado en este período. De hecho, como porcentaje del PBI, el gasto del Estado ha incrementado su participación y ha pasado de ser el 19,7% en el 2014 a ser el 22,4% en el 2024. Cuando revisamos en qué se viene gastando más, es interesante notar que el presupuesto en planillas públicas se ha incrementado en términos reales en un 82% en estos diez años (un incremento incluso mayor a lo experimentado por el presupuesto total); mientras que el presupuesto en inversión pública solo ha aumentado en términos reales en un 44% durante este mismo período. Es decir, la tasa de crecimiento real de las planillas ha sido el doble que la de la inversión en estos últimos diez años. Por supuesto, nadie puede poner en duda la importancia de pagarle bien, por ejemplo, a nuestros maestros, pero en contraprestación por dicho esfuerzo deberíamos exigirles que sean evaluados continuamente y progresen en la carrera magisterial de manera meritocrática, a diferencia de lo que pretende cierto sector del magisterio, en complicidad con algunos congresistas.

En la asignación del presupuesto, sectores como Educación (con el 19,3% del presupuesto total) y Salud (12,2%) son los más relevantes (ambos sectores, contrario a lo que creemos, casi han duplicado su presupuesto en términos reales entre el 2014 y el 2024). En cuanto a la función de orden público y seguridad –un área que nos debería preocupar de manera particular, dada la mayor criminalidad que enfrentamos–, esta aumentó durante los últimos diez años en más del 70% en términos reales. Sin embargo, ya sabemos que, lamentablemente, más recursos no necesariamente implican mejores resultados.