Insistir en el daño

Parece que los organizadores de la llamada “tercera Toma de Lima” no han tomado conciencia del daño económico y social que hicieron a la población del sur y al país en general durante los tres meses que duraron las acciones insurreccionales. Por supuesto, hubo identificación de sectores andinos con la suerte de Pedro Castillo, hábilmente manipulada por la prensa alternativa de izquierda presentándolo como víctima de un golpe ejecutado por el Congreso, pero las dirigencias impusieron por la fuerza regímenes de guerra que cortaron los flujos comerciales y laborales encareciendo los productos y dejando a muchos sin trabajo. Fue un sitio colectivo autoinfligido, bajo la teoría leninista de que el fin justifica los medios y no importa si hay que sacrificar al pueblo para provocar la caída del régimen. Quienes más sufrieron, por supuesto, fueron los sectores urbanos de bajos ingresos.

Como consecuencia, la propia economía nacional cayó el primer trimestre y la inversión privada se contrajo en 12%, al mismo tiempo que la población aún no recupera los niveles de ingreso que tuvo antes de la pandemia y que estas izquierdas se esmeran en aplastar cada vez más. El golpe insurreccional fue tan fuerte que las expectativas empresariales retrocedieron y, por lo tanto, la inversión privada no se recuperará en un plazo visible.

En ese sentido, efectivamente, parafraseando a Daniela Ibáñez, Lima ya ha sido tomada. Desde la elección de Castillo y las radicales movilizaciones y bloqueos de los meses pasados, la mente de muchos inversionistas ha sido capturada por el temor a lo imprevisible. Y el problema es que sin inversión privada no hay crecimiento y sin crecimiento la pobreza crece año a año, como viene ocurriendo.

Eso es lo que hay que resolver. Lejos de ello, insisten. Piden la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, asamblea constituyente y algunos hasta el regreso de Castillo, como si el gobierno de Boluarte no fuera constitucional. Muchos “progresistas” –los mismos que defendieron el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra– colaboran con las demandas de la ‘Toma de Lima’ con el argumento de que hay una dictadura que el Congreso está imponiendo con el beneplácito del Gobierno.

Es ridículo. Un Congreso dictatorial compuesto por trece bancadas es un oxímoron. Lo que ha sucedido es que esos sectores han perdido posiciones en el Estado porque una mayoría distinta a la de anteriores Congresos ha efectuado nombramientos en el Tribunal Constitucional con una orientación también distinta, lo que es perfectamente normal en una democracia, aunque en el caso de la Defensoría del Pueblo la persona elegida carezca de las calificaciones necesarias. Sí es cierto, sin embargo, que la inhabilitación de Zoraida Ávalos fue arbitraria y se advierte una tendencia al abuso congresal con denuncias constitucionales a discreción. También es claro y muy pernicioso que alrededor de las bancadas de izquierda y ‘Los Niños’ hay una coalición de intereses para sacar leyes mercantilistas, populistas o particularistas. Las bancadas de centro y derecha, por su parte, salvo la bicameralidad, no han impulsado la agenda de reformas políticas y económicas que se requiere para devolverle viabilidad al país.

Es verdad que el Gobierno no ha asumido la responsabilidad política por los muertos, pero la desfachatez con la que se plantea la ‘Toma de Lima’ es en parte la consecuencia de que este mismo gobierno “dictador” no ha sido capaz de detener y procesar a los responsables de los terribles ataques y actos de violencia. Hasta el 30 de enero, había 859 policías heridos, muchos más que civiles. Tampoco, de otro lado, ha planteado una estrategia política y económica para Puno, salvo el lanzamiento del proyecto de agua potable y desagüe para Juliaca. Si no hay castigo al delito ni política inclusiva, no hay manera de instalar la paz para volver a crecer.