Interrogantes sobre una vacancia, por Francisco Miró Quesada Rada

¿Cómo habría actuado Fernando Belaunde?

Durante la década de los 90, solía visitar a Fernando Belaunde con cierta frecuencia. En una de las tantas conversaciones que tuvimos en su biblioteca –en la que, de vez en cuando, participaba una muy recatada Violeta–, le pregunté por qué en su primer gobierno no decidió cerrar un Congreso que censuraba de manera constante y por consigna política a sus ministros; entre ellos, a mi padre, que fue titular de Educación. Belaunde me respondió: “porque a ellos los eligió el pueblo, como a mí; yo no tenía derecho de quitarles una facultad que les había concedido la voluntad popular”.

Siguiendo esta lógica de pensamiento podríamos deducir que, para el caso de la vacancia de Martín Vizcarra, Belaunde habría condenado la corrupción enérgicamente, pero no habría alterado el equilibrio de poderes, como sí hizo este Congreso, que fue presidido por un acciopopulista y en el que el partido que fundó constituye la primera minoría. Si todavía las actitudes, el ejemplo y las enseñanzas de Belaunde tienen peso en Acción Popular, sus congresistas debieron de condenar la corrupción en todos sus extremos, pero votar contra la vacancia.

¿Legitimidad o ilegitimidad?

Las dos cosas. Entre los constitucionalistas, existe un debate sobre si la vacancia se ajustó a los cánones establecidos por nuestra Carta Magna. Una duda que deberá ser resuelta por el Tribunal Constitucional. Pero, más allá de la legitimidad jurídica, existe también la legitimidad política, que se basa en el reconocimiento que la ciudadanía les otorga a sus autoridades. En el caso del gobierno interino renunciante, este nació deslegitimado frente a los ojos de una mayoría de peruanos que se manifestó masivamente, sobre todo de parte de los jóvenes. Además, luego del asesinato de dos estudiantes el último sábado –que son considerados héroes de la democracia– y de la desaparición de otros manifestantes, su ilegitimidad política era ya absoluta.

La única salida legal, en consecuencia, era que el Congreso resolviese rápidamente esta situación, pero fracasó en su primer intento. Ayer, por fin, hubo “humo blanco” y se eligió a Francisco Sagasti, del Partido Morado, una persona respetable y con prestigio nacional e internacional, como presidente del Congreso y hoy jura como presidente interino. En particular, considero que las protestas no han sido solo por razones políticas, sino que veo en ellas una interpelación a todo el sistema.

Además, luego del asesinato de los dos jóvenes, los responsables deberán responder ante la justicia. Si ello no ocurre, el reclamo del pueblo seguirá, aun bajo la amenaza de que las fuerzas del orden, en el uso de sus facultades (de acuerdo con la ley 31012 aprobada por este Congreso), tengan licencia para matar, porque sus miembros están eximidos, gracias a esta normativa, de responsabilidad penal alguna. Esta ley debería de ser derogada.

No me cabe la menor duda de que, a raíz de los acontecimientos que estamos viendo, la política en el Perú ya no será como venía siendo.

¿Cuál es la causa de todas las causas?

Sin duda, la corrupción. Esta clepto-estructura que se empezó a gestar durante el primer gobierno de Alan García y cuya telaraña la terminaron de confeccionar la dupla Fujimori-Montesinos. Esta todavía continúa y tiene una serie de cabezas, como la Hidra de Lerna.

En este siglo, salvo por el doblemente legitimado gobierno de Valentín Paniagua, todos los que han sido presidentes se encuentran procesados por presuntos actos de corrupción. Se hallan presos de una clepto-estructura erigida durante una dictadura que fue aplaudida en su momento, no solo por la clase empresarial y política, sino también por la mayoría de la población.

Veremos cómo saldremos de este entuerto que hemos armado.