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El mundo vive una de las crisis sanitarias y económicas más perniciosas de la historia. En el Perú, las cifras no dejan espacio para la interpretación: no solo tenemos una de las tasas de letalidad más altas del mundo, sino también una de las caídas económicas más pronunciadas. Estar peor es casi imposible.
Para empeorar las cosas, y entender la gravedad de la situación, habría que añadir la sumatoria de disparates políticos y económicos, derivados tanto del Ejecutivo como del Legislativo, adoptados en lo que va de la pandemia. Han sido tantos que sería innecesario listarlos para validar el argumento.
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En estas graves circunstancias, entonces, el presidente Martín Vizcarra ha decidido hacer un recambio de Gabinete. Para ser sinceros, esto no solo era más que necesario, sino incluso tardío. Lo importante, en todo caso, es que se decidió a realizarlo y la pregunta que algunos analistas se han hecho es si el reemplazo, el exprimer ministro Pedro Cateriano, es o no la persona idónea para el cargo. No obstante, en realidad, la pregunta correcta deriva de las prioridades que el país, no el presidente, enfrenta en esta coyuntura: ¿son de gestión o de política? Para el país, queda claro que la respuesta es la primera; para el presidente, sin embargo, es la segunda. Ambas, por supuesto, no son dicotómicas; por ello, repetimos, es cuestión de prioridades.
En efecto, el contexto político cambiará mucho y en pocos días. A partir del 28 de julio, el presidente Vizcarra perderá una de las herramientas más versátiles con las que ha contado a lo largo de su mandato: la capacidad de disolver el Congreso. Casi desde que inició su gestión, el mandatario no solo ha visto esta herramienta como un mecanismo de negociación, sino que incluso la ha utilizado (para muchos, además, en circunstancias debatibles). En pocos días, como decíamos, dicha herramienta desaparecerá y, con ello, una de las muletas más útiles y decisivas con las que contaba.
El Congreso, por el contrario, no perderá el principal instrumento de su arsenal: la capacidad de vacar al presidente en lo que queda de su mandato. Cierto es que, para que ello ocurra, el Legislativo debe contar con razones legalmente válidas (incuestionables, habría que precisar) y aceptadas por la población. Siendo alta la valla, tampoco podemos negar que el Legislativo ha probado ser inmune a cuestionamientos, ha contado con los votos para apadrinar pésimas decisiones, y ya hemos visto en el pasado la facilidad con la que los legisladores pueden armar un expediente.
Para el presidente Vizcarra, entonces, la necesidad de un operador político es más importante que la de un gestor, aun cuando para el país sea fundamental lo segundo.
Por supuesto, cómo se orientarán las prioridades del ministro Cateriano (si serán más políticas que de gestión de crisis, o a la inversa) dependerá también de su talante y de la lectura que él y su equipo hagan de la crisis. El señor Cateriano, para tranquilidad de muchos, ya pasó por trances que demandaron de mucha entereza y muñeca política (me refiero al último año del expresidente Ollanta Humala, abarrotado de crisis, y con un Ejecutivo deslegitimado e impopular). Esperemos que las prioridades del país guíen la gestión del ministro Cateriano, y que el balance que la historia haga sobre la misma sea más que positiva.
