La virtud de la justicia y la gestión municipal

Toda acción humana virtuosa desea el bien, y partiendo de esta afirmación explicada en detalle por Aristóteles en su “Moral a Nicómaco” se puede decir que las acciones de un buen alcalde deben conducir a buscar el bien de todos sus vecinos, de la ciudad, de la comunidad, para encontrar un punto de encuentro entre lo individual y lo social. ¿Cuál es la virtud que debe prevalecer en un alcalde, líder de su comunidad, teniendo en cuenta que esta, como justo medio entre los vicios, se forma con el hábito y necesita de la experiencia?

La virtud de la justicia, entre las virtudes morales, encaja bien como respuesta a la pregunta. Esta va más allá de la afirmación de dar a todos y cada uno lo suyo; es una virtud que vela por el bien ajeno, y aquí encuentra su verdadera dimensión ética. En la justicia están incluidas las demás virtudes, es decir, siguiendo el planteamiento del pensador griego, el que la posee –la justicia– la usa para con otros y no para consigo mismo. La justicia representa la relación con el otro, beneficiar al otro, al vecino, al ciudadano.

Cómo entender un acto de justicia cuando el limeño destina dos o tres horas diarias de su vida para trasladarse de su casa al lugar donde trabaja, o a la universidad, en un sistema de trasporte público precario, lento e inseguro. O cuando debe esperar una vez por semana el camión-cisterna porque no cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe. Según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente 1,5 millones de personas no tienen agua en Lima o les llega el agua dos o tres veces por semana.

Asimismo, los limeños se exponen en las calles al robo, al asalto, a la muerte. Un estudio de opinión de CID Gallup en 13 países de Latinoamérica, publicado por este Diario, muestra que en 12 de ellos se piensa que el crimen se ha incrementado en los últimos cuatro meses. Después de Ecuador, el Perú es el territorio en el que más se percibe ese aumento: cuatro de cada cinco personas creen que la delincuencia creció.

La justicia, regulada por la recta razón que le otorga el acto deliberativo de la prudencia, busca siempre el bien del otro; por lo tanto, podemos afirmar que por décadas los alcaldes distritales y provinciales de esta ciudad caótica no lo han entendido así y buscaron su propio bien.

Los burgomaestres de Lima y otros distritos han caminado entre los vicios de la virtud de la justicia: retrasos en la construcción de obras viales porque responden a cálculos políticos con fines de reelección; no asumir por completo las competencias municipales en las áreas de salud, educación y seguridad, porque estas, por ser muy conflictivas, pueden dañar la reputación ganada; o buscar razones jurisdiccionales para no resolver problemas de manera conjunta por el bien de la ciudad (cito el caso de los distritos que recorren las desiguales vías metropolitanas o los nueve municipios distritales conectados en la Costa Verde que no se ponen de acuerdo para mejorar la vía, etc.). Todas ellas son situaciones que han caracterizado las gestiones distritales y la provincial de Lima, sin contar los actos de corrupción en los que se han envuelto varias administraciones.

Por eso no hemos tenido, en su mayoría, alcaldes justos, porque no fueron hombres justos. Dice el filósofo griego: el mejor hombre no es el que usa las virtudes para su propio beneficio; el mejor hombre es el que busca el beneficio de los otros en un acto deliberativo libre.

Ahora tenemos una ciudad fragmentada que crece de manera desordenada, mal diseñada, mal habilitada, mal señalizada, estrecha, con zonas paralizadas porque no hay agua ni luz. Una ciudad donde no hay vía de salida.