La orfandad de la reforma, por Alfredo Torres*

Ni el presidente Martín Vizcarra, ni el Congreso, ni la opinión pública parecen tener mayor interés en ella. La propuesta presentada por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) que presidió Fernando Tuesta carece de padrinos. Ayer, Martín Tanaka –integrante de la comisión– comentaba en El Comercio que “al gobierno le preocupa, como es natural, la evolución de su popularidad… El Congreso no quiere verse presionado o jaqueado por el Ejecutivo…”. Y la encuesta de El Comercio-Ipsos, publicada también ayer, señala que los tres principales campos en que la población quisiera que se hagan reformas son educación, salud y seguridad ciudadana. La del sistema político ocupa el séptimo lugar. Y, sin embargo, cualquier observador informado coincidiría en que el sistema político peruano requiere cambios profundos para recuperar gobernabilidad y legitimidad.

El dato más dramático de la fragilidad de nuestro sistema político lo incluye la CANRP en su voluminoso informe: El Perú es, en la encuesta del Barómetro de las Américas, el país del continente con menor confianza en sus partidos políticos. Solo 7,5% confía en ellos. Lo peor es que, si bien el país cuenta con 24 partidos inscritos, además de centenares de movimientos regionales, la mayoría funciona como “vientre de alquiler”, lo cual genera una gran vulnerabilidad a la corrupción tanto en la selección de los candidatos como durante las campañas electorales. El resultado es que frecuentemente llegan al poder –nacional, regional y municipal– líderes improvisados cuando no patentemente corruptos.

Sin duda, la propuesta más controversial es la restitución del Senado. Cuando Vizcarra planteó el referéndum, esta propuesta tuvo inicialmente un apoyo mayoritario (53 a 38%), pero pronto este se volteó y terminó con el 79% de la votación en contra y solo 8% a favor. Según registró Ipsos, las principales razones para votar en contra fueron la percepción de que se incrementaría el gasto (31%), que permitiría la reelección (24%), que habría más parlamentarios (18%) y que el Congreso había desvirtuado la propuesta (18%) como denunció Vizcarra. La mayoría de estas objeciones ya han sido superadas, pero aun así no parece fácil lograr el retorno de la bicameralidad luego de un resultado contrario tan contundente en un referéndum constitucional.

En cambio, hay otras reformas sobre las cuales hay más consenso y que podrían ser aprobadas fácilmente. Por ejemplo, la inclusión obligatoria en la declaración jurada de los candidatos de información sobre procesos penales en trámite y que no puedan postular quienes cuenten con una sentencia condenatoria en primera instancia. O derogar la anacrónica “ley seca”. En mi opinión, sin embargo, el cambio sustancial que podría efectivamente sacarse adelante antes del 2021 sería la selección de los candidatos en elecciones internas, abiertas y simultáneas organizadas por la ONPE. Según la propuesta, estas elecciones se realizarían en octubre del 2020 para los candidatos a la presidencia y el Congreso, y posteriormente también para gobernadores y alcaldes.

La organización de estas elecciones primarias permitiría, además, dejar fuera de competencia a los partidos que no alcancen un mínimo de participantes en sus elecciones internas. La CANRP propone que esta valla sea de 1,5% del número de los electores de la última elección general. Es decir, algo más de 250 mil electores. La comisión propone que estas primarias sean obligatorias. Creo que deberían ser voluntarias, en cuyo caso la valla debería reducirse, pero el criterio de depurar el padrón de partidos por esta vía es muy razonable. Las elecciones primarias tendrían además la virtud de adelantar el período electoral, de manera que los ciudadanos desarrollen un voto más informado y no decidan a última hora.

Un tema crítico a tener en cuenta es que la Ley Orgánica de Elecciones establece que solo se puede modificar el sistema electoral hasta un año antes de las elecciones. Es decir, solo se podría hacer modificaciones hasta principios de abril del 2020. Queda apenas un año para discutir y aprobar todos los cambios legislativos. La propuesta de la CANRP incluye además reformas constitucionales, las cuales requieren aprobarse en dos legislaturas sucesivas, con lo cual la primera debería ser la que concluye en junio de este año.

El tiempo es muy corto para una reforma integral, muy necesaria pero huérfana de un gran respaldo. Los anuncios desde el Ejecutivo y el Legislativo de que la propuesta merece un amplio debate sin plazos y que se iniciará una ronda de consultas por todo el país puede llevarnos a las calendas griegas. Si los políticos de este Congreso quisieran dejar un legado que los reivindique, deberían abocarse a un plan mínimo de reformas políticas viables y, en mi opinión, estas son las referidas al sistema electoral, para tener mejores candidatos presidenciales y parlamentarios el 2021.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.