Tal como lo habían anticipado las encuestas, el resultado del referéndum fue ampliamente favorable a la posición del presidente Martín Vizcarra y sus resultados constituyen una validación indiscutible de ese respaldo. Los únicos sorprendidos deben haber sido sus opositores más recalcitrantes, como una congresista de Fuerza Popular que sostuvo en vísperas del referéndum que Vizcarra estaba “totalmente desconectado de la realidad”. Evidentemente, los resultados del referéndum demostraron que son esos opositores, muy activos en redes sociales, los que viven en una realidad paralela.
Lo cierto es que la votación en el referéndum no fue solo de respaldo al presidente, sino de rechazo a los congresistas de oposición. Por eso el porcentaje obtenido por la posición oficialista en el referéndum es mayor a la ya elevada aprobación presidencial. El Sí-Sí-Sí-No propuesto por Vizcarra recibió en promedio el 78,5% del total de votos emitidos, mientras el voto contrario recibió 11,5%, y los votos blancos y nulos el 10%; un resultado más marcado que la aprobación presidencial que es ahora de 66%. En realidad, los resultados del referéndum se parecen más a la desaprobación del Congreso, que es 75%, o a la de los líderes de Fuerza Popular y el Apra, que supera el 80%.
El referéndum ha permitido desfogar el sentimiento generalizado de “que se vayan todos”, como sostiene Juan Carlos Tafur, aunque a costa de una reforma de dudoso beneficio como la no reelección y la confirmación de la cámara única. La reciente elección de gobernadores plagados de denuncias por corrupción y hasta por violación es un buen ejemplo de que la no reelección no es ninguna garantía. El voto en el referéndum para la no reelección es una sanción política a la manera prepotente en que se condujo el Congreso en estos años, pero no resuelve el problema de fondo, que es el proceso de elección que se inicia en los partidos.
La clave para alcanzar un mejor sistema político, con menos “hermanitos” y “otorongos”, es efectuar una reforma profunda en nuestro sistema de partidos. Es inadmisible que el Perú tenga 23 partidos inscritos, muchos de ellos sin militantes y convertidos en “vientres de alquiler”. Es indispensable obligarlos a todos a participar en todas las elecciones y cancelar su inscripción si no superan el 5% de la votación nacional. En cambio, debería reducirse el elevado número de firmas que hoy se exigen para inscribir un nuevo partido, lo que limita la posibilidad de renovación del sistema.
Un partido real debe contar con un número significativo de militantes activos, claramente identificados, y elecciones internas bajo el sistema de un militante, un voto, que sean organizadas por la ONPE y supervisadas por el JNE. Algo similar debe aplicarse a los movimientos regionales. Unos y otros deberían tener reglas muy estrictas para su financiamiento y transparencia absoluta de ingresos y gastos. Las elecciones para elegir a los candidatos deberían ser abiertas a los simpatizantes, que voten con su DNI, pero siempre bajo la organización de la ONPE y el JNE.
Si las elecciones de los candidatos fueran efectuadas con suficiente anticipación a las elecciones generales y a la vista de la opinión pública, estas elecciones ‘primarias’ constituirían filtros que reducirían la probabilidad de que sujetos de dudosos antecedentes o escasa preparación lleguen a ser candidatos a gobernadores, congresistas o a la presidencia de la República.
Al anunciar la creación de una comisión de alto nivel para la reforma política, Vizcarra ha pedido revisar la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial. Según estudios de Ipsos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria cuenta con amplio respaldo, en cambio la mayoría prefiere preservar su derecho al voto preferencial y la razón es que desconfía del orden de candidatos que definen las dirigencias de cada partido. Esta preferencia puede revertirse si se garantiza una elección interna, auténticamente democrática, de los candidatos. Es paradójico, pero pocas organizaciones son tan autoritarias como la mayoría de partidos políticos en el Perú.
Otro cambio que sería muy útil establecer –sobre todo ahora que no habrá reelección– es la renovación parcial del Congreso. Lo más conveniente sería que cada dos años y medio se renueve la mitad del Congreso por un período de cinco años. De ese modo, los nuevos congresistas que ingresan en la segunda elección se encontrarían con otros que ya tienen dos años y medio en el Congreso y así siempre –salvo la primera vez– el Congreso contaría con la mitad de sus integrantes con cierta experiencia.
La mayor ventaja del sistema de renovación parcial es que permitiría que el Congreso se vaya adecuando a las preferencias de la ciudadanía y no mantenga una distribución de curules que puede haber perdido representatividad real después de 2 o 3 años, como ocurre ahora. Si tuviésemos ya ese sistema, en el 2019 estaríamos renovando a la mitad de los congresistas.
*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.