Perú, ¿país inclusivo?

El lunes se conoció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Azul Rojas Marín contra el Perú, que encontró al Estado responsable por, entre otros, violación sexual y torturas. Se trata de una decisión que llega en un contexto muy particular: luego de la disposición del Gobierno de limitar la circulación de acuerdo al género, se han compartido en redes videos en los que las fuerzas del orden cometen actos transfóbicos. De hecho, la propia policía ha condenado dos de estos, ha dicho que sancionará al personal involucrado y ha anunciado que continuarán las capacitaciones. Lo cierto, sin embargo, es que está claro que –por muchas buenas intenciones que tengan el presidente y las instituciones del orden– en un país con altas tasas de transfobia y homofobia y donde todavía no hay un procedimiento claro, simple y sin trabas innecesarias para que las personas trans adecúen sus datos en el DNI, no existen garantías reales para la población LGBTI.

Decía que es importante tener en cuenta este contexto, porque el caso Rojas Marín se refiere a las acciones que se cometieron contra ella el 25 de febrero del 2008, cuando se identificaba como un hombre gay (hoy, Rojas Marín se identifica como mujer). La Corte ha considerado probado lo siguiente: esa noche, mientras caminaba a su casa, la señora Rojas fue obligada a subir a un vehículo policial y, en medio de insultos homofóbicos, fue trasladada a la comisaría sin motivo justificado. Ahí, fue desnudada, golpeada y violada sexualmente con una vara policial.

La sentencia muestra, entre otras cosas, evidencia clara de las situaciones de discriminación y falta de respeto que tuvo que enfrentar Rojas Marín luego de interponer su denuncia. No solo tuvo que revivir la violación en reiteradas declaraciones y ser sometida a preguntas innecesarias sobre su comportamiento sexual previo durante el examen médico y psiquiátrico, sino que estuvo expuesta a burlas de policías y funcionarios judiciales durante la diligencia de reconstrucción. El abogado de un imputado, de hecho, llegó a hacer horribles comentarios de contenido sexual (que no quiero repetir aquí) y tuvo –es de no creerlo– una vara de goma en la mano durante el interrogatorio.

Un dato clave de esta sentencia es que, ante estos abusos, el tribunal aseguró que los estándares específicos que hoy en día existen para investigar la violencia sexual a mujeres se tienen que aplicar en este caso y los desarrolló con algo de detalle. Así, por ejemplo, sostuvo que las declaraciones de víctimas de violencia deben darse en ambientes privados; no requieren ser repetidas; y que se deben seguir protocolos médicos y psicológicos específicos. La Corte (aún reconociendo que ha hecho avances significativos) ha ordenado además al Estado dos acciones que, como han mostrado los eventos de los últimos días, son extremadamente necesarias. La primera, que siguiendo las guías establecidas en la sentencia adopte “un protocolo de investigación y de administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia”. La segunda, que implemente un plan para capacitar a los agentes de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el serenazgo sobre respeto a la orientación sexual y a la expresión de género.

Además de medidas de capacitación y protocolos claros de acción, el tribunal ha dado otra disposición urgente: el Perú debe recolectar información sobre violencia contra las personas LGBTI. Los informes anuales que el Estado estará obligado a publicar, y que deberán incluir otros componentes que permitan entender la complejidad en la que aparece la violencia (como edad, raza, religión), serán una herramienta crucial.

La importancia de la sentencia, me parece, es clara no solo para Azul Rojas Marín, sino para el país entero: nos enfrenta a nuestro pasado y nos presenta una ruta que tenemos que seguir como país. Por supuesto, una sentencia no hace magia. Necesitamos –con urgencia– una ley de identidad de género, que permita que las personas trans acceder sin trabas a un documento de identidad que refleje su sexo y nombre. Al respecto, queda por ver qué destino tiene el oficio que han presentado los congresistas De Belaunde y Olivares para solicitar al presidente del Congreso que exonere de dictamen el proyecto de ley en ese sentido. Y necesitamos –con urgencia– un cambio generalizado de actitudes. No me refiero solo a miembros de las fuerzas del orden, sino también a todos los ciudadanos. Sí, también a esos que se vienen riendo estos días con los memes que hemos visto circular y que hacen del sufrimiento y miedo de las personas trans un chiste.

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