Inversión social en el 2024

Cuando pensamos en cómo un Estado procura una mejor redistribución de sus recursos entre sus ciudadanos o, al menos, en cómo piensa mitigar el impacto de la caída en la pobreza de los suyos en una coyuntura de recesión, nos remitimos a pensar, entre otras variables, en cuánto está “invirtiendo” en financiar el gasto social. Esto, además de cómo planea no dejar a la deriva el mínimo funcionamiento de las instituciones que ejecutan las políticas sociales y la sostenibilidad en la implementación que ellas conllevan.

Estas políticas sociales, en principio, abarcan dos elementos: uno que se refiere a la provisión de servicios básicos como educación, salud y vivienda; y un segundo que alude a la protección social, que incluye, a su vez, a la seguridad social contributiva y a la asistencia social; es decir, a los programas financiados para atender a los más pobres y vulnerables, y a poblaciones específicas, como la primera infancia, o a sectores productivos, como los más jóvenes que buscan insertarse en el mercado. Dicho de manera simple y sumando iniciativas de los tres niveles de gobierno, el gasto público social pretende abarcar conceptualmente la mayoría de estos aspectos.

Este concepto cuenta con una medición comparable a indicadores internacionales y, en nuestro país, es el Ministerio de Economía y Finanzas el encargado de llevar a cabo su trazabilidad. Sin embargo, son esfuerzos sectoriales o multisectoriales en la implementación de nuestras principales políticas sociales los que lo ejecutan. Para este 2024, el gasto social agregado ha sido estimado en cerca de S/83.000 millones, lo que representa un incremento del 10% frente al año pasado.

Si bien es cierto que son muchos los sectores involucrados en ejecutar esta ampliación y que la mayoría de ellos ha presentado incrementos en su presupuesto institucional de apertura (PIA) este 2024, consideramos de particular atención observar cómo se ejecuta este año la inyección de inversión en primera infancia que, entre protección social, salud, cuidados y aprendizajes, ha incrementado su presupuesto en cerca de S/1.200 millones. Es importante estar atentos a esta esperada asignación histórica por diversas razones, no solo de orden cuantitativo (presupuestal), sino cualitativo. Cualitativamente, la primera infancia ha ido ganando un espacio significativo en la política social nacional. Desde la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que diseñó los lineamientos de primera infancia, pasando por la materialización del pionero programa presupuestal multisectorial orientado a resultados (PPoR) para el desarrollo infantil temprano en el 2019, hasta la actualidad, donde las expectativas en la inversión en infancia son grandes.

Otras razones para pensar en el devenir de esta política social multisectorial este 2024 vienen desde la arquitectura estatal requerida para implementarla. En primer lugar, porque el reto es, desde hace poco, compartido –pero históricamente disputado– entre el Midis y el sector Educación, especialmente en el ámbito de los cuidados y de los aprendizajes. Esto ya supone un nivel de articulación importante que debe orientarse a ser sostenible, dado que el Minedu empezará a implementar este servicio educativo con cuidado diurno y atención integral desde este año, lo que supone una ampliación importante del servicio y una asignación de S/205 millones para atender a niñas y niños de entre 12 y 36 meses. Por otro lado, considerando estos esfuerzos de articulación, pensamos en cómo los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) conversan en la práctica con este enfoque Midis-Minedu orientado al cuidado, considerando que el MIMP ha venido siendo el sector detrás del establecimiento de un sistema nacional de cuidados y el rector del sistema nacional de atención integral al niño y al adolescente.

Sobre funciones sectoriales y esfuerzos de articulación en política social, hay aún mucho por discutir, pero, sobre todo, por observar este 2024. Para finalizar, quisiera regresar a la reflexión inicial planteada en este artículo al haber puesto entre comillas “inversión social”, así como la utilización del término técnico de gasto social. Existe abundante literatura en el ámbito de la administración y políticas públicas que nos invita a pensar en los paradigmas en los que se asientan los estados al desarrollar el proceso de toma de decisiones económicas. El paradigma de la “inversión social” arrastra desde hace décadas una narrativa de puesta en valor del factor productivo del ser humano. Si existen poblaciones en las que “vale la pena invertir” (dado que en el discurso tecnocrático siempre se habla del “retorno en la inversión”, por ejemplo, en infancia), ¿habrá poblaciones en las que “no valga la pena invertir”? Este 2024, ¿quién está pensando de manera integral la atención a quienes están cayendo en múltiples vulnerabilidades, más aún de cara a nuestra recesión y estancamiento económico?