Régimen político y políticas públicas (2)

Comentábamos la semana pasada cómo la naturaleza de los intereses que controlan el poder político en el país atenta contra la eficacia de las políticas públicas. Tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la mayoría en el Congreso se converge en políticas de un carácter populista y conservador, con una lógica confrontacional contra un supuesto ‘establishment’ que explicaría todos nuestros males.

En las últimas décadas, sectores del Estado Peruano, ante la debilidad de los partidos, fueron permeados por redes de expertos nacionales e internacionales que ocuparon áreas vinculadas al manejo macroeconómico, pero también otras, aunque más precariamente, vinculadas a la lucha contra la pobreza, la educación, el medio ambiente, e impulsaron agendas globales relacionadas con la promoción de los derechos humanos, o la igualdad y diversidad de género; para lo cual había que promover lógicas de reforma institucional en el sector público.

Los diferentes presidentes de este siglo encontraron en estas ideas algún asidero que les permitieron intentar construir legitimidad en el corto plazo. Toledo impulsó una agenda anticorrupción y de derechos humanos, García temas ambientales y reformas educativas, Humala una agenda de políticas sociales. Más adelante, elegido PPK, cuando divisiones en la derecha abrieron una etapa de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se agudizó cuando se lanzaron iniciativas de reforma judicial como respuesta a escándalos como los de Lava Jato o ‘Los Cuellos Blancos’. Esas agendas terminaron siendo protagonizadas por núcleos de activismo judicial en el sistema de justicia, que enfrentaron a buena parte de la elite política.

No dudamos de que el activismo judicial anticorrupción incurrió en excesos que merecen ser corregidos, y que caímos en una politización de la persecución de los delitos; tampoco se puede negar que las iniciativas reformistas a las que hemos aludido merecen serios cuestionamientos. Sin embargo, con el tiempo la consigna de “descaviarizar” el Estado se ha convertido en la justificación para desmontar la disciplina fiscal y la lógica de mercado para sustituirla por consideraciones populistas de corto plazo, procesos de reforma institucional del Estado por defensa de intereses informales y de grupos de interés, políticas de ampliación de derechos por involuciones conservadoras, activismo judicial e iniciativas anticorrupción por lógicas supuestamente garantistas que en realidad encubren intereses criminales y corruptos. En realidad, el rechazo que generaron personajes como Vizcarra, Sagasti o Castillo, afectaron tanto a intereses asociados al gobierno de Manuel Merino, al Congreso disuelto en el 2019 y a los diversos afectados por el gobierno de Castillo, que hoy han generado un gran frente que está en el poder. Este reúne a la extrema derecha y a la extrema izquierda, a los que se suman intereses informales afectados por lógicas de reforma

Se desplazaron redes liberales y progresistas por redes populistas, conservadoras e informales. Eso no tendría que ser un problema, sí lo es cuando se pretende romper con una lógica pluralista de modo que los adversarios aparecen como enemigos a los que liquidar; a eso estamos llegando con iniciativas impulsadas desde la mayoría del Congreso que afectan la libertad de prensa, la libertad de asociación, con descalificaciones e inhabilitaciones a adversarios políticos. Y si es que en el camino se tiran por la borda procesos de reforma económica e institucional que, con todas sus limitaciones, permitieron tener al país un mínimo de estabilidad y sentido de viabilidad.