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La responsabilidad principal de la seguridad es del Gobierno Nacional. Para ello cuenta con la policía, el sistema penitenciario y el Ministerio del Interior, ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que articula, en los distintos niveles de gobierno, a los protagonistas de la prevención y persecución del delito, incluyendo a la fiscalía y al Poder Judicial. Además, Justicia conduce el Consejo Nacional de Política Criminal, que debe determinar qué conductas se castigan y cómo.
El Ejecutivo también tiene a su cargo el Tesoro Público, fundamental para asignar los recursos que la seguridad requiere, y cuenta con ministerios como Educación, Salud, Trabajo y Mujer, con importantes responsabilidades en la prevención de la violencia y sus factores asociados, como la deserción escolar, el consumo de alcohol y drogas, el subempleo, el abuso contra la mujer y el maltrato en el hogar.
En los últimos veinte años, dentro de los procesos de reforma del Estado y de descentralización, los municipios han ido adquiriendo un papel cada vez más activo en la provisión de servicios públicos, que incluyen a los de seguridad ciudadana, principalmente aquellos de naturaleza preventiva, los que en algunos casos se complementan y en otros se duplican con los proporcionados por el Gobierno Nacional.
Entre las funciones que hoy cumplen los municipios están las de garantizar el orden en la ciudad, vigilar y patrullar el espacio público a través de los serenazgos, prevenir las conductas transgresoras, gestionar la información delictiva y articular el trabajo de los actores locales y nacionales en su territorio.
Las capacidades de los municipios, sin embargo, difieren significativamente, lo que impide que muchos cumplan plenamente sus responsabilidades en el marco de la política nacional de seguridad ciudadana. También dificulta su tarea la descoordinación con las instituciones nacionales, tanto las del Ejecutivo como las autónomas, especialmente la fiscalía y el Poder Judicial.
¿Qué se requiere para superar todo ello y para que los municipios sean el primer muro de contención contra la violencia y el delito? Quizá el primer paso es aprobar el nuevo reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cuyo borrador fue preparado durante la gestión del ministro Pedraza y está listo hace casi un año.
La primera ministra Ana Jara se comprometió a hacerlo hace una semana en el Congreso. Ojalá que cumpla porque el proyecto prepublicado en noviembre pasado es una hoja de ruta para la cooperación del Gobierno Nacional con los municipios en seguridad ciudadana.
En el corto plazo, tres aspectos son fundamentales. Uno: adecuación de las instituciones nacionales a la organización política del país, para que la policía y las instituciones de la justicia penal tengan una presencia y un responsable distrital. Dos: cooperación policial, que debería traducirse en la incorporación gratuita de policías a todos los vehículos de los serenazgos. Tres: financiamiento nacional a las iniciativas municipales de prevención.
