Sismo: la cruz y las ganancias, por Roxanne Cheesman

En enero de 1535, tres jinetes comisionados por Francisco Pizarro llegaron al valle de Lima para escoger el lugar en el que se asentaría la capital. La tierra elegida fue la de Taulichusco,  en la ribera del Rímac y a los pies del cerro San Cristóbal, un lugar que señalaron: “Es sano y cerca del puerto de la mar, airoso y tiene muy buenas salidas y tierras para labrar muchas sin perjuicio de los indios, y en la comarca de él hay mucha leña y tiene todas las calidades que conviene examinarse para que el dicho pueblo tenga buen sitio y asiento, para que se perpetúe” (Bernabé Cobo). No tomaron en cuenta que, dos años antes, Hernando Pizarro había sido recibido por un temblor en Armatambo (Chorrillos) en lo que los indígenas interpretaron como advertencia del dios Pachacámac.

Doscientos años después,  sobre el lugar elegido se levantaba ya una ciudad de 54.000 personas y 150 manzanas con 3.000 casas, 19 conventos, 14 monasterios, 10 hospitales, puentes, acequias, palacio, cabildo, audiencia, inquisición, catedral, universidad, etc. Pero el 18 de octubre de 1746, y en pocos minutos, todo fue destruido por un gran terremoto. Los daños fueron tan grandes que los vecinos encumbrados de Lima y la Real Audiencia propusieron  al virrey el traslado de la ciudad.

Pero la propuesta no solo era producto del temor sino también del interés económico. En dos siglos los conventos y las asociaciones religiosas habían acumulado enormes fortunas gracias a las dotes, donaciones, capellanías y herencias que estos recibían. Con ese capital, se habían convertido en la banca virreinal, otorgando préstamos a los comerciantes, funcionarios y hacendados limeños que hipotecaban en garantía sus propiedades, pagando un interés de 5% anual. Las deudas se fueron acumulando a lo largo de generaciones y para 1740 gran parte de los limeños pudientes tenían pesadas cargas sobre sus inmuebles.

Cuando el terremoto destruyó el 99% de las casas de Lima, los bienes que servían de garantía se esfumaron de un plumazo, y estando las deudas asociadas a las propiedades, muchos consideraron que reconstruirlas solo beneficiaría a sus acreedores. Pero, para evitar el traslado de la capital, y a pedido de la Audiencia, el virrey decidió que las pérdidas deberían repartirse entre acreedores y deudores, y decretó la rebaja del principal a la mitad, con un período de gracia de dos años para el resto e intereses del 1% en adelante.

Fue el primero de los “desagios” de nuestra historia económica. Como lo hizo la monarquía francesa contra la Orden de los Templarios a la que despojó en el siglo XIII, esa también era una forma de disminuir la riqueza eclesiástica y su influencia política. Fue un juego en el que todos buscaban ganar.

Las instituciones religiosas protestaron y demostraron que todos los miembros de la audiencia eran deudores interesados y por ello, en 1748, el virrey hizo una consulta al rey pero, entretanto, dispuso que un tribunal decidiera la reducción de la deuda de acuerdo a la destrucción de las propiedades. La respuesta del rey llegó en 1755, ordenando que no se rebajaran los principales. Pero ya era tarde, o la demora fue intencional. Ninguna orden cobró el 100%. Perdió la cruz ante el dinero pero ganó Lima, que se quedó en su lugar.