Mario Saldaña

Los bloqueos de transportistas producidos esta semana en Lima (con el grave efecto en varios distritos y que afecta a cientos de miles de personas) son un campanazo de alerta más sobre la derrota que el crimen, la inseguridad y la violencia urbana (y no solo urbana) le vienen infligiendo a la sociedad y al Estado.

Se trata de una protesta naturalmente incubada y gatillada por el hastío de un sector de la economía (predominantemente informal, como el transporte) ante el descontrolado crecimiento de las extorsiones y sus crímenes asociados.

Pero, tal y como la prensa reporta a diario, el cobro de cupos y asesinatos se vienen extendiendo a un sinnúmero de negocios, en especial a aquellos de pequeña y mediana escala, que son, como sabemos, la fuente de ingreso de no menos del 80% de peruanos.

La respuesta del ha sido, a juicio de los expertos, tan cosmética y fuera de tiempo como insuficiente (crear un equipo especial en la PNP para las extorsiones o dotar de policías a los buses y micros), dejando de lado el trabajo estratégico de inteligencia, con acciones operativas ad hoc para desarticular a las bandas.

Dudo que el Gobierno, con un titular del Ministerio del Interior más preocupado en tapar el inminente escándalo de la no captura de (con probables efectos terminales para la presidenta) o en eludir las graves denuncias en su contra, pueda lograr algo más allá del puro efectismo.

Lo que no resulta difícil augurar es que la inseguridad desbocada, al tocar la fibra misma de la actividad productiva de la gran mayoría de la población y la principal fuente de empleo de millones, sea el punto de quiebre para el voto en el 2026. Y, en ese contexto de desesperanza, los radicalismos políticos de izquierda y derecha harán su festín.

¿Quiénes ganarán ese pulseo? No solo los que griten o amenacen con penas más fuertes, sino aquellos que logren posicionar una agenda disruptiva frente el statu quo con cierto tiempo de anticipación; es decir, al menos desde un año antes de la elección.

Pero, además, aquellos que extiendan el discurso extremista a otros rubros como la falta de trabajo, la caída de los ingresos, la corrupción, el rechazo a la clase política y el gran déficit de servicios públicos básicos: salud, educación, justicia, etc.

Todo un reto; en especial para las opciones de derecha y centroderecha, en caso de que aspiren a la segunda vuelta.





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Mario Saldaña C. es Periodista