Editorial El Comercio

Parece una verdad de Perogrullo, pero todo indica que hace falta enunciarla: los recursos que el pone a disposición de sus integrantes tienen por objeto facilitarles el cumplimiento de sus responsabilidades presentes, no ayudarlos a labrarse un futuro político. La semana de representación, por ejemplo, se estableció con el propósito de que los legisladores mantuvieran un contacto estrecho con las localidades que los eligieron y no para echarles una manito en las campañas que pudieran estar impulsando para fundar un partido o conseguir más adelante su reelección. Y, sin embargo, en menos de un mes, la prensa ha reportado los casos de comprometidos en conductas que van contra ese principio elemental.

Se trata de los congresistas (Acción Popular), (Bloque Magisterial), (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), y (no agrupados). Mientras Espinoza tiene ya un proceso abierto en la Comisión de Ética por el presunto para la formación de un movimiento regional ancashino que tendría por líder a su hermano, Cortez enfrenta similar situación por las reuniones a las que asistió durante sus viajes por la semana de representación y que tenían por propósito la organización del Partido Obrero del Perú, en la que ella está empeñada. En tanto, a Dávila y Pariona se los ha denunciado por haber hecho lo mismo con respecto al movimiento en ciernes Todo con el Pueblo; y a Pablo, por haber aprovechado una visita a Ayacucho para promocionar el partido Lo Justo.

Las respuestas que varios de estos parlamentarios han ofrecido ante estos señalamientos son, por decir lo menos, pintorescas. Según ellos, el presunto aprovechamiento de los recursos del Congreso no habría sido tal porque las actividades proselitistas de las que participaron cuando estaban en las regiones a las que se habían trasladado con pasajes y estadías financiadas por el Legislativo fueron “de noche”… Como si los beneficios derivados de ese financiamiento se extinguieran al caer el sol.

Es cierto que aquello que los legisladores pueden o no hacer durante la semana de representación , pero igualmente cierto es que el conflicto de intereses al que estamos aludiendo está claro. En varios de los casos mencionados es difícil que la situación tenga una derivación legal o penal, pero el problema ético no es menos grave. No es aceptable la fórmula que supone que ellos pueden ser congresistas de día y candidatos de noche, cuando la estadía en el lugar donde se encuentran ha sido solventada con los fondos del Parlamento. Vale decir, del Estado. Y, en última instancia, de todos los peruanos (incluyendo, desde luego, a aquellos que tienen ideas políticas distintas a las suyas).

No se puede descartar, además, que, como en otros escenarios en donde se han detectado comportamientos ventajistas o directamente ilegales de diversos miembros de la representación nacional (‘niños’, ‘mochasueldos’, ‘viajeros’, etc.), aquí también se vayan destapando con el tiempo más casos. Y, peor aún, que esta conducta se haga más frecuente conforme nos vayamos acercando a las elecciones del 2026. Por eso es imperativo que el Congreso se aboque cuanto antes a la reglamentación a la que antes aludíamos y establezca con respecto a la semana de representación restricciones y obligaciones que no se agoten en la presentación –tardía y a veces completamente omitida– de la agenda que supuestamente cada legislador cumplió en esas fechas.

Mientras tanto, por una cuestión de asepsia, los representantes que viajan a las regiones usando los referidos recursos deberían abstenerse de realizar, durante esos días y en esas localidades, actividades proselitistas. Eso sería, literalmente, lo justo.


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