Editorial: El turno del pleno

En la madrugada del viernes pasado, la Comisión Permanente votó uno de los aspectos más delicados del informe elaborado por el congresista Oracio Pacori, y aprobado primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sobre varios de los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el suspendido juez César Hinostroza.

En lo que concierne específicamente al magistrado en cuestión, la comisión, por unanimidad, lo halló responsable de infracciones a los artículos 39, 44, 138, 146, 139.2 y 139.3 de la Constitución. Y de la misma forma aprobó también las acusaciones que pesan sobre él por patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Con ello, el referido grupo de trabajo parlamentario se pronunció a favor de la destitución y la inhabilitación de Hinostroza por diez años de la función pública.

Cuando, más allá de la medianoche, tocó votar acerca de su presunta pertenencia a una organización criminal, sin embargo, solo 8 legisladores lo hicieron a favor y 18, en contra. La mayoría, proveniente de la bancada de Fuerza Popular; y muchos de ellos, curiosamente, cambiando el sentido del voto que habían emitido antes sobre la misma materia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nos referimos en concreto a los congresistas Mario Mantilla, Milagros Salazar, Milagros Takayama, Karina Beteta, Miguel Castro y César Segura (presidente de la subcomisión concernida).

La importancia de esta decisión radica en que, una vez emanada del Legislativo, le impondrá un marco ineludible a la investigación del Ministerio Público sobre Hinostroza, uno de cuyos ejes centrales, como se sabe, es que habría pertenecido y hasta liderado la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión de la Comisión Permanente, en consecuencia, levantó mucha polvareda, pues una fiscalía maniatada de esa forma poco podría hacer para poner delante de la justicia a la referida ‘mafia’. Por eso, legisladores de diversas bancadas hablaron en los días posteriores de un ‘blindaje’ al cuestionado magistrado y hasta el presidente Vizcarra se manifestó el domingo al respecto. “Yo espero que cuando [el informe] llegue al pleno, cada uno de los congresistas haga un análisis detallado, porque va a quedar absolutamente evidenciado quiénes realmente quieren combatir la corrupción y quiénes quieren definir un tipo de sanción menor”, dijo.

Aludía con ello el mandatario a la circunstancia de que, antes de llegar a manos del Ministerio Público, lo aprobado por la Comisión Permanente debía –y debe todavía– pasar por una instancia más: el pleno del Congreso. Y allí, como es lógico, siempre es posible modificar lo resuelto en la instancia previa.

Pero cuando todo hacía temer que ese sería solamente un territorio más del enfrentamiento entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, apareció el presidente del Congreso para hacer un llamado a la sensatez. El lunes por la mañana, en efecto, Daniel Salaverry mostró de manera apenas disimulada su disconformidad con lo ocurrido en la Permanente e invocó al pleno a enmendarlo.

“Tengo la esperanza de que este jueves ya en el pleno del Congreso pueda haber una posición más reflexiva al respecto y podamos tener un informe más consolidado a nivel de argumentos jurídicos”, declaró. Para luego agregar: “Hablo de reflexionar, de pensar cuál es la decisión que se tomó, por qué, en base a qué. Y tenemos la oportunidad este jueves [de], no voy a decir corregir, pero sí tener una posición firme y frontal contra la corrupción, que es lo que quieren todos los peruanos”.

Más claro, solo el agua. Y hay que destacar, además, que con este pronunciamiento se enfrenta al talante general de la representación parlamentaria fujimorista, a la que pertenece, exponiéndose –como ya le ha ocurrido– a posibles reacciones ásperas de sus compañeros de bancada. Ojalá eso no lo mueva a retroceder en esta determinación de pensar en sus responsabilidades como titular de un poder del Estado antes que en los intereses menudos del sector político del que proviene. Y que, más bien, otros legisladores con ese mismo origen estén dispuestos a seguir su ejemplo.