Viajeros bajo la lupa

Con alguna tardanza respecto de los hechos que la motivan, el Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional contra siete congresistas como presuntos autores del delito de peculado doloso. Seis de ellos –Kira Alcaraz (Podemos Perú), María del Carmen Alva (no agrupada), Edward Málaga (Avanza País), Patricia Chirinos, Jorge Zeballos y Diego Bazán (todos de Renovación Popular)– viajaron en febrero del 2023 a Trujillo con pasajes costeados por el Legislativo y acudieron allí a la celebración del cumpleaños de este último. Mientras que Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) gestionó su boleto aéreo en los mismos términos, pero al final no viajó por “motivos personales”. Por tal razón, en el caso de ella, la denuncia es “en grado de tentativa”.

Algunos de ellos, como la parlamentaria Alcaraz, han sostenido en su defensa que, en realidad, viajaron a esa localidad norteña para realizar actividades relacionadas con su responsabilidad congresal y que coincidentemente aprovecharon que ya estaban allí para acudir a la mentada celebración. “Fui porque tenía una agenda pactada desde hace meses”, ha dicho ella. Pero cabe anotar que tal agenda no coincidió, como se podría suponer, con la semana de representación, por lo que la circunstancia de que coincidiera más bien con el festejo de su colega despierta suspicacias.

Es probable, en ese mismo sentido, que otros de los denunciados puedan exhibir pruebas de haber cumplido en Trujillo con alguna actividad asociada a la función que desempeñan, pero lo que haría falta establecer es cuál fue la razón original del viaje. ¿Fueron hasta allá porque tenían esas actividades ya planeadas? ¿O planearon las actividades una vez que decidieron acudir al cumpleaños del legislador Bazán?

La verdad es que hace falta conocer en detalle lo que sucedió y la denuncia no lo deja en claro. En lo que concierne a la parlamentaria Barbarán en particular, además, lo imputado “en grado de tentativa” resulta un tanto jalado de los cabellos.

De cualquier forma, el asunto que la fiscalía ha puesto sobre el tapete no es nuevo. Los viajes de los miembros de la representación nacional financiados por el Congreso en los que el aprovechamiento del traslado para algún fin personal –ya sea el desarrollo de actividades proselitistas o el mero turismo– llamó más la atención que los supuestos propósitos derivados del compromiso que asumieron al ser elegidos han sido abundantes. Por todo ello, lo que se requiere en este trance es claridad y transparencia, tanto de quien investiga como de quienes son investigados.