Editorial 2: Ducto obstruido

Este lunes el Poder Judicial revisará el pedido de la fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato Geovana Mori, quien ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia y los exministros Eleodoro Mayorga y Luis Miguel Castilla, en el marco de las investigaciones por la adjudicación del gasoducto sur peruano a un consorcio integrado por Odebrecht y Enagás en el 2014. A los tres, la fiscalía les imputa la comisión de los delitos de asociación ilícita y colusión agravada (este último, en el caso de Heredia, se habría configurado a través de su participación como “funcionaria pública de facto”).

De más está decir que una eventual aprobación del requerimiento fiscal no debería interpretarse como una condena sobre el fondo del asunto (y, en el sentido inverso, un rechazo de este no implicaría la absolución de los citados). Pero más allá de ello, el pedido de prisión preventiva puede servir para conocer algunos entretelones del caso que habían pasado desapercibidos.

Según reveló este Diario ayer, por ejemplo, una de las cosas que ha denunciado la fiscal Mori en su solicitud es que el abogado de la señora Heredia, Wilfredo Pedraza, habría influido en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz –el exministro Jorge Merino– para que acomodase su versión a favor de su patrocinada. Merino ha contado que en abril del 2018, antes de acudir a declarar ante la fiscalía, Pedraza le pidió que dijese “que no había tenido comunicaciones con Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro […]. A lo que accedió y erróneamente declaró ante la fiscalía que no había tenido comunicación con Heredia”.

Además, siempre según Merino, Pedraza le entregó una copia de las declaraciones de otros involucrados en el caso que, se suponían, eran exclusivamente para la defensa de la señora Heredia.

Por supuesto, esto no revela nada acerca de la culpabilidad de la señora Heredia. Pero sí la coloca en una posición incómoda para la audiencia de la próxima semana (que considerará si su libertad puede poner en riesgo las investigaciones) y abona poco a sus esfuerzos por demostrar su inocencia.