Editorial: Azúcar amarga

Una de las mayores ventajas del libre mercado es que, al abrir las fronteras al comercio internacional, tanto empresas como consumidores se benefician. Por el lado de las empresas nacionales, estas pueden dirigir su producción hacia enormes mercados con demanda por bienes en los que el país tiene ventaja comparativa. Por el lado de los consumidores, estos obtienen productos importados a menor precio o de mejor calidad que si estuviesen restringidos a comprar solo de la oferta doméstica.

El libre comercio, sin embargo, no siempre es tan libre. En el Perú ello se hace patente en el caso de la franja de precios, una medida utilizada por el gobierno con el fin de “estabilizar el valor de las importaciones” de arroz, azúcar, leche y maíz. En el contexto actual –en que el precio de estos productos ha caído en el mercado internacional– la banda de precios favorece únicamente a los productores locales, pues implica exigirles onerosos aranceles a los bienes importados que compiten con ellos.

Al respecto, el mes pasado, la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló a favor de Guatemala en la disputa comercial que el gobierno de ese país había presentado hace dos años contra el Gobierno Peruano, concluyendo que la franja de precios representa un “gravamen variable a la importación” incompatible con los acuerdos de la organización.

Para acatar la decisión tomada por la OMC, la ministra de Turismo y Comercio Exterior, Magali Silva, ha indicado que la franja será modificada en un plazo de hasta 18 meses. Esto, luego de una primera reducción ocurrida en el mes de mayo, en la cual se fijó un límite de 20% a la tasa arancelaria de productos relacionados al maíz, la leche y el azúcar. 

El día miércoles, sin embargo, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Modesto Julca, declaró que buscará restituir la franja de precios en un intento por proteger el agro nacional. Y es que, desde la primera reducción a la franja, los gremios de productores de los bienes afectados han hecho lo posible por restablecer los privilegios de los que gozaban. El representante del sector azucarero, Augusto Cilloniz, por ejemplo, manifestó que sin la franja de precios la subsistencia de las azucareras en el país estaría en riesgo, pues eliminarla significaría una invasión de azúcar que las empresas nacionales no podrían resistir. 

La realidad, no obstante, es que la franja de precios ha servido como una medida proteccionista que encarece las importaciones de estos productos en beneficio de unos pocos productores locales. De hecho, en el caso del azúcar, estas intervenciones significaron un arancel superior al 70% en el 2014. Más aun, antes de la primera reducción de la franja, el arancel total para el azúcar en el Perú era once veces mayor que en otros países de la Comunidad Andina.

Quienes pagan estos precios inflados son, finalmente, los consumidores. De acuerdo con un informe preparado por la Dirección General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura, en el año 2013, debido a los controles de precio, las familias pagaron 129% más que el costo promedio de producción de azúcar.

No deja de resultar curioso que la propuesta, orientada según el señor Julca a proteger a “los sectores vulnerables como los pequeños agricultores”, favorezca significativamente los intereses de compañías de gran tamaño. Según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2009 solo seis grandes empresas concentraban el 73% de la producción de azúcar en el país y durante los últimos años su rentabilidad ha sido positiva a pesar de la caída de precios en el ámbito internacional. En el caso de la agroindustrial Casa Grande, por ejemplo, las utilidades del 2014 –de más de S/.8 millones– duplicaron las del 2013. 

A pesar de las presiones, intereses y propuestas de algunos legisladores, hace bien el Ejecutivo en mantener firme su posición sobre la reducción de la franja de precios y debería continuar disminuyéndola, aunque a algunos azucareros aún les sepa a trago amargo.