Editorial: No basta con tratar

El martes de la semana pasada, la policía detuvo en Arequipa a 14 personas por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a la venta de niños, entre los cuales se encuentra Raúl Becerra Velarde, ex director general de la Policía Nacional del Perú y general en retiro. En la intervención se rescató a una menor de cinco meses que habría sido vendida por sus padres (también detenidos) por más de S/4.000.

El modus operandi de esta banda involucraba captar mujeres embarazadas vulnerables económicamente o que buscaban ponerle fin a su gestación, para convencerlas de mantener vivos a los niños hasta que nacieran y, así, negociar un precio de venta. Según la hipótesis de la fiscalía, la organización habría contado con tópicos clandestinos y clínicas cómplices que ofrecían información sobre estas mujeres a ciertos miembros de la red criminal.

El caso resulta especialmente impactante no solo por la naturaleza macabra de los presuntos crímenes cometidos
–como el comercializar a infantes como objetos–, sino también porque uno de los involucrados es alguien que alcanzó el máximo cargo de la Policía Nacional, institución encargada de combatir precisamente este tipo de actividades.

Desafortunadamente, este episodio solo es una muestra de un problema más amplio: la trata de personas. Entre el 2010 y el 2017, se registraron 5.935 denuncias en el Ministerio Público relacionadas a esta actividad ilícita y el número solo ha ido en aumento. El año pasado, por ejemplo, hubo 1.464; 132 más que en el 2016 y 442 más que en el 2015, de acuerdo al INEI. El tráfico de personas suele, además, afectar a poblaciones vulnerables: el 64% de las víctimas son menores de edad y la gran mayoría son mujeres –entre el 2010 y 2014 este grupo constituyó el 81,8% de las presuntas víctimas–.

Y aunque han aumentado las denuncias por este delito, ello no ha devenido en un aumento considerable de las condenas (solo hubo 20 en el 2017 y 8 en el 2016). Esta circunstancia expone las flaquezas del Poder Judicial para darle solución a un problema de esta gravedad.

Como ejemplo, basta con revisitar un editorial publicado en esta misma página hace dos años, en el que nos referimos al caso de una mujer que captó a una menor para que hiciera de “dama de compañía” en la localidad de Manuani-Mazuko en Madre de Dios. En aquel momento, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema –que tenía entre sus integrantes a César Hinostroza–, a pesar de las evidencias, decidió resolver que no se había producido el crimen de trata de personas.

Sin duda, en el esfuerzo de combatir esta lacra, es fundamental que las autoridades castiguen a los implicados. Sin embargo, es igual de importante que exista la intención de tratar de prevenirla. Y también se está fallando en este punto. Según un informe de la ONG CHS Alternativo, en su “V Informe Alternativo”, solo tres ministerios (Interior, Trabajo y de la Mujer) de los diez que integran el Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) –vigente desde el 2017– asignan presupuesto específico para actividades en la lucha contra la trata de personas. A esto se suma el hecho de que de toda la población del Perú, según la ONG, solo 1,66% han sido informadas, sensibilizadas y capacitadas sobre su prevención entre el 2016 y el 2017.

Así las cosas, casos como el visto en Arequipa deberían significar una enfática llamada de atención para las autoridades y conminarlas a tomar verdaderas cartas en el asunto. Al fin y al cabo, dadas las circunstancias, a la hora de combatir la trata no basta con intentarlo.