Luego de que “Panorama” revelase a inicios de mes que la tesis para obtener el grado de magíster que elaboró el presidente Pedro Castillo junto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, contenía una serie de plagios y consignaba como validadores a personas que no existían en la base de datos del Reniec, la Universidad César Vallejo (UCV), casa de estudio que otorgó el referido grado académico al mandatario, anunció que conformaría una comisión para revisar el trabajo. El jueves, la universidad finalmente dio a conocer sus hallazgos a través de una rueda de prensa.
De acuerdo con el presentador de la conferencia, en la que participaron múltiples autoridades de la UCV –incluido su fundador, César Acuña–, esta tenía como objetivo “dar por cerrado el caso del estudiante Pedro Castillo”. Sin embargo, terminado el evento, no solo no se había “dado por cerrado” el asunto, sino que había quedado demostrado que la UCV estaba más interesada en protegerse que en admitir sus errores y, por ende, las faltas de su encumbrado exestudiante. Porque, aunque las conclusiones que ellos mismos compartieron daban cuenta de múltiples transgresiones académicas, eligieron describirlas como todo menos eso.
En primer lugar, el vicerrector de Investigación, Jorge Salas Ruiz, aseguró que no es preciso calificar el porcentaje de similitud que arroja el programa Turnitin (el software utilizado en todo el mundo para rastrear coincidencias en textos académicos) como porcentaje de plagio, “pues es deber del evaluador distinguir si la similitud corresponde a una copia que representa una mala práctica en la investigación”. Luego dio a conocer que ellos identificaron en el trabajo de Castillo 14 referencias bibliográficas que no estaban citadas y 16 citas que no se encontraban en las referencias bibliográficas. “Existe una mala praxis en la citación y referencia del contenido, reportando la similitud y coincidencia de 54 hallazgos”, añadió. Según explicó, además, hubo 86% de coincidencias en el marco teórico y 38% en el planteamiento del problema.
Sin embargo, la comisión concluyó increíblemente que, “al haberse encontrado […] porcentajes en el marco metodológico de 17%, resultados 0%, conclusiones y sugerencias de 0%”, la tesis mantenía “un aporte de originalidad”: una filigrana verbal para evitar mencionar la palabra que tantos malos ratos le ha dado a la casa de estudios y particularmente a su fundador, que ha sido señalado en más de una oportunidad de haberlo cometido: el plagio.
Los resultados obtenidos por la UCV, en efecto, no aguantan ni sus propios estándares. Según la “Guía del estudiante 2021″ de la institución, “el jurado [que revisa la tesis] evalúa el producto final considerando el porcentaje de similitud del 25% como máximo con el programa Turnitin”. La tesis de Castillo llegó al 43%, según la propia universidad. De igual manera, la guía es bastante clara cuando se refiere a la definición de plagio: “El plagio es la apropiación, presentación y uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de la fuente original”. Y el texto presentado por el mandatario tiene mucho de esto último.
¿Cómo es posible entonces que la UCV no concluya que encontró plagio? Peor aún, ¿cómo se anima a sentenciar que la tesis mantiene “un aporte de originalidad”? La verdad parece ser que la casa de estudios fundada por César Acuña prefiere quebrar sus propias reglas y torcer sus propios manuales antes que reconocer su falta de rigurosidad. Una lavada de manos que, de paso, solo le enjuaga la cara al presidente.
El descaro de las autoridades de la UCV, sin embargo, tiene como principales víctimas a los estudiantes de dicha casa de estudios. Al fin y al cabo, una institución académica se gana su prestigio planteando un conjunto de exigencias ‘sine qua non’ para investir a sus alumnos con un título y, si los requisitos hacen agua, también lo hacen la reputación de la universidad y la confianza de los empleadores en los pergaminos de sus egresados. Hubiese sido preferible un mea culpa, pero se apeló al blindaje como cancha.