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Siempre estuvo claro que, pasado el momento más crítico de la emergencia que afectó al país a raíz del fenómeno de El Niño costero, la relativa tregua que la oposición le concedió al gobierno para que pudiera enfrentar el problema sin preocupaciones de otra índole terminaría. No sorprende, en ese sentido, que ahora se esté promoviendo una nueva moción de interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, para que responda las interrogantes sobre la adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero que quedaron pendientes un mes atrás.
En lo que concierne al fujimorismo, sin embargo, se diría que lo que se ha producido con respecto al Ejecutivo es una auténtica reanudación de las hostilidades, pues las manifestaciones de algunos de los miembros más representativos de su bancada en el Congreso sobre una supuesta necesidad de licenciar al ministro del Interior, Carlos Basombrío, hacen recordar la animosidad que caracterizó a fines del año pasado el preludio a la censura del entonces ministro de Educación Jaime Saavedra.
El motivo elegido esta vez para poner a un integrante del Gabinete en la cuerda floja es la infiltración de elementos del Movadef en la marcha de la CGTP por el 1 de mayo y las dudas y contradicciones del sector Interior a propósito de lo que allí sucedió. Particularmente, las discrepancias entre el titular de la referida cartera y el director de la Policía Nacional sobre si los actos protagonizados por los elementos de la organización de fachada de Sendero Luminoso durante la marcha constituyeron o no apología del terrorismo.
Como se sabe, el ministro Carlos Basombrío se apresuró a sentenciar desde su cuenta de Twitter que sí lo eran, mientras que el general Vicente Romero sostuvo, primero en una entrevista televisiva, que esa figura delictiva no se había dado en este caso. Y luego, ante la Comisión de Defensa del Congreso –y en un aparente esfuerzo por atenuar la evidente contradicción con su superior– que el delito no había existido “desde el punto de vista operativo”: una forzada sutileza, a todas luces insuficiente para maquillar el evidente problema político de la colisión entre los dos diagnósticos.
La virulencia de las expresiones de los dos voceros de la bancada de Fuerza Popular (FP) sobre esta situación sugiere, no obstante, que el afán de colocar a Basombrío contra las cuerdas antecede y excede la actual circunstancia, que, por lo demás, difícilmente amerita la destitución del ministro. De hecho, la parlamentaria Lourdes Alcorta, quien ahora ha clamado que “no hay necesidad siquiera de interpelarlo” y que “hay que censurarlo”, ya hablaba de su eventual remoción en un tuit del 30 de abril sobre un asunto distinto. “Pediré censura d Ministro Interior y renuncia Direct. PNP si en menos d una semana no resuelven caso PNP q VIOLO a + d 100 menores en Huánuco” (sic), escribió en esa oportunidad.
Pediré censura d Ministro Interior y renuncia Direct.PNP si en menos d una semana no resuelven caso PNP q VIOLO a + d 100 menores en Huanuco— Lourdes Alcorta (@AlcortaLourdes) May 1, 2017
Y en esa misma fecha y con una reflexión semejante, la parlamentaria naranja Karina Beteta publicó también un tuit que remataba con la frase: “Exijo su renuncia”.
Por su parte, el otro vocero de bancada, Luis Galarreta, ha pronosticado: “[Carlos Basombrío] puede renunciar o ser censurado sin necesidad de una interpelación”. Y ha agregado: “Su situación era grave antes de este hecho”.
Y si bien la decisión oficial de si el fujimorismo promoverá o no la interpelación al ministro en cuestión se adoptará recién este martes, en la reunión semanal que celebra la bancada, los augurios sobre lo que ocurrirá son bastante claros.
Si como todo sugiere, la iniciativa es aprobada en la reunión, ¿se detendría luego FP en una interpelación en la que difícilmente obtendría respuestas distintas a las que ha recibido hasta el momento o avanzaría a la censura que sus voces más beligerantes reclaman?
Tal es, en realidad, la cuestión más acuciante por ser despejada en los próximos días, pues ella nos permitirá saber si acaso el fujimorismo ha cambiado el verbo asociado al anuncio del autogolpe del 5 de abril por otro que, no por constitucional, es menos disolvente.
