Editorial: El cómplice perfecto

El nombre de Leopoldo López difícilmente es extraño para alguien que viva en esta parte del mundo. Se trata de uno de los principales líderes de la oposición venezolana, quien fue apresado hace unos meses (inicialmente bajo cargos de terrorismo) por el régimen chavista en un intento de detener el movimiento que él encabeza y de atemorizar a sus opositores. Comentando la detención de este político venezolano, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización para la defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, señaló que “el Gobierno Venezolano ha abrazado abiertamente las tácticas clásicas de un régimen autoritario, encarcelando a sus opositores, poniéndole un bozal a los medios e intimidando a la sociedad civil”. Por su parte, Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa sobre las Américas de Amnistía Internacional, ha sido enfática al señalar que “los cargos parecen haber sido motivados debido a su liderazgo en las recientes protestas contra el gobierno. Hasta el momento, Amnistía Internacional no ha visto evidencia que demuestre estos cargos. Esta es una afrenta a la justicia y al derecho a la libertad de reunión”.

Lo cierto es que el encarcelamiento de Leopoldo López es solo una de las muestras más visibles de cómo Venezuela cada día está más cerca de convertirse en Cuba. El gobierno, por lo pronto, se ha encargado de manera muy efectiva de acercarse a lograr que la libertad de expresión exista solamente en el recuerdo de sus ciudadanos. Ya no existen canales de televisión independientes de señal abierta. El gobierno puede introducir la programación que desee en las transmisiones de las compañías de cable. A los diarios opositores se les restringe la compra de papel para que no puedan ser impresos. Se llegó a botar a los periodistas de CNN del país. A los medios o periodistas incómodos se les persigue judicialmente. El Estado bloqueó parcialmente el uso de Twitter para que los ciudadanos no pudiesen dar cuenta de los actos de violencia perpetrados por el chavismo para reprimir a los manifestantes. Y, todo esto, en medio de una situación en la que grupos paramilitares organizados por el oficialismo atacan a la población que ose salir a la calle a protestar por la represión, las restricciones a los derechos civiles o la terrible crisis económica en la que el gobierno ha sumido al país.

Pese a todo esto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, sigue actuando no como lo exige su encumbrada posición, sino como se esperaría de un fiel miembro del partido chavista. En marzo, declaró tajantemente que la OEA no podía aplicar la carta democrática (un pacto por el que los países miembros se comprometieron a tomar acciones conjuntas contra cualquier gobierno que viole el Estado de derecho o la Constitución) porque consideraba que en Venezuela no se había roto el orden democrático. Y, hace unos cuantos días, el señor Insulza volvió a hacer gala de su extraordinario talento para taparse los ojos. Refiriéndose al abusivo encarcelamiento que enfrenta Leopoldo López, señaló que “el papel de la OEA en materia judicial, de defensa de los derechos humanos, viene después que se han agotado los recursos internos”, por lo que la OEA no puede intervenir. En otras palabras, que no importa si el chavismo mantiene a López o a cualquier otro ciudadano venezolano en prisión y enredado en su parcializado y abusivo sistema judicial por un siglo, la OEA no se comprará este pleito.

Por supuesto, no es que esperásemos que el señor Insulza decidiera cumplir las funciones que justifican la existencia de su cargo, pues la mayoría de los mismos países miembros de la OEA ha preferido lavarse las manos con el tema de Venezuela. Recordemos que cuando se trató el asunto en el Consejo Permanente se decidió que la sesión se realizara a puertas cerradas, en un intento inútil de evitar que el mundo se enterara de la cantidad de países de este continente que preferían ponerse del lado del chavismo (en muchos casos por intereses puramente comerciales).

Así las cosas, la situación de Venezuela por lo menos ha servido para algo útil: darnos cuenta de que la OEA se ha convertido en el perfecto cómplice de los autoritarismos de la región.