Editorial: El crimen del negacionismo

El Perú sigue cayendo en los indicadores sobre la economía que pueden servir para evaluar nuestras posibilidades en el futuro. No solo se trata de estadística, sino de síntomas de lo que está sucediendo en nuestro país y señales que está viendo sobre nosotros el resto del mundo.

En el tema de seguridad ciudadana, el Perú ocupa el puesto 112 de 133 países. Es decir, estamos entre los últimos, según el estudio Doing Business (Hacer Empresa) del Banco Mundial.

La respuesta del gobierno en cuanto a la seguridad siempre fue que se trataba de un problema de percepción. Varios de sus altos funcionarios incluso echaron la culpa a los medios de comunicación por exaltar las noticias policiales. Sin embargo, en cuanto a crímenes violentos estamos en el puesto 102, de acuerdo al Banco Mundial.

Frente a la caída del Perú en el ránking de países sobre facilidad de hacer negocios, la respuesta gubernamental parece tener la misma tónica. Hemos retrocedido, dice por ejemplo el ministro de Economía, “porque ha habido cambios metodológicos en el cálculo”.

El ministro Alonso Segura se queja de que no se hayan incluido en el estudio los 30 decretos legislativos sobre productividad y competitividad. Como si publicar un decreto equivalga a cambiar la realidad. Como si los demás países sí hubieran sido favorecidos con el cambio de metodología y la contabilidad de decretos recientes.

“El país está apuntando a las pequeñas empresas, pero el ránking mide más los grandes procesos de inversión”, dice, por su lado, Angélica Matsuda, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad. Los encuestados del ránking, ha dicho, son los grandes estudios de abogados, que generan grandes proyectos, mucho de lo que aquí se mide es el clima de negocios del 1% del país”.

El problema de una respuesta que niega el resultado es que lleva a no hacer nada. Si no hay una caída de la competitividad, ¿para qué mover un dedo? El negacionismo gubernamental no está, pues, reducido solo al tema de la seguridad ciudadana, sino que parece tener una dimensión más amplia.

Por otro lado, no puede partirse al país en empresas grandes y chicas. Debe ser fácil hacer empresa, sea chica, grande o mediana. Lo que no debe tener obstáculos es el espíritu emprendedor y las ganas de trabajar, de invertir, de producir. De hecho, si queremos ser un país de innovadores, la iniciativa no debe salir de una propuesta digitada de diversificación productiva, como si los ministerios tuviesen una vara mágica para hacer que la economía –en los sectores que ellos han predestinado– camine. Más bien, se debe facilitar la formalización de emprendedores libres para que estos descubran las oportunidades de mercado y puedan crecer y ganar productividad: es decir, justamente lo que nos falta.

Los empresarios cumplen la extraordinaria función de dar uso productivo a los recursos escasos de la economía. Lo que hacen es combinar de manera óptima los factores de la producción. Obstaculizar su esfuerzo es obstaculizar la clave de todo proceso económico.

En el ránking de facilidades para abrir una empresa, estábamos el año pasado en el puesto 89 y ahora estamos en el puesto 97. La mayor caída se da en las facilidades para obtener electricidad. Pasamos del puesto 51 al 64, según el Doing Business.

Desde el punto de vista de las facilidades (o, lo que es lo mismo, la menor cantidad de dificultades), no se puede discriminar entre empresa grande o pequeña. En la economía, las empresas de tamaños diferentes no son entes aislados, sino que están conectados por diversos procesos de integración y de circulación de bienes y servicios.

Ya es hora de que el gobierno deje de lado las autocomplacencias y las justificaciones. Ya es hora, aunque sea penúltima, para que se ponga a trabajar en serio en el tema de destrabar los procesos productivos, empresariales y de negocios. De esos procesos depende que el país sea viable o no en el futuro.