Editorial: Cuello de botella

En una maratónica sesión, y con algunos cambios, el pleno del Congreso aprobó ayer el informe preparado por el legislador Oracio Pacori sobre los antiguos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez, así como sobre el ahora ex juez supremo César Hinostroza. El documento proponía destituir y someter a investigación por parte del Ministerio Público a todos ellos, e inhabilitar a la mayoría para la función pública por diez años (Noguera y Velásquez no fueron incluidos en esta última sanción).

Las investigaciones que se solicitaban a la fiscalía incluyen los presuntos delitos de patrocinio ilegal, cohecho específico, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, según sea el caso.

Con relación a este último cargo, vale recordar que este había sido desestimado días atrás en la foja de todos los mencionados cuando se votó el asunto en la Comisión Permanente, pero tras la polvareda que levantó lo que distintos sectores de la opinión pública consideraron un intento de ‘blindaje’, se lo volvió a incluir en el informe y, aunque solo para el caso del señor Hinostroza, fue aprobado. A pesar de que no se entiende por qué los ex consejeros fueron excluidos de este delito, hay que felicitarse, pues sin la inclusión de Hinostroza el Ministerio Público habría estado atado de manos frente a la necesidad de investigar al cuestionado ex magistrado al que la tesis fiscal coloca como el líder de la supuesta organización criminal. La exoneración transmitía un mensaje preocupante, que parece haber sido precisamente lo que motivó el retroceso que aquí referimos.

Con todo, en la cuenta final, al Congreso le ha tomado dos meses y 24 días procesar un problema tan delicado como el del presunto involucramiento de un juez supremo en los delitos antedichos. Es decir, el único instrumento del que dispone el Estado para reaccionar ante una situación así de grave es engorroso.

Algo semejante, por otro lado, cabe señalar a propósito de lo que evidencia el caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El informe que recomienda su destitución por su presunta vinculación con la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto y las sombras que proyectan las mentiras en las que incurrió cuando se le preguntó públicamente sobre su participación en reuniones promovidas por algunos de sus supuestos integrantes está todavía pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y, de ser aprobado allí, deberá seguir el mismo itinerario que el de Hinostroza: primero la evaluación de parte de la Comisión Permanente y solo luego, si allí también fuese aprobado, accedería al pleno, que podría entonces tomar la decisión de separarlo de su cargo.

A estas alturas, tiene ya ribetes perogrullescos insistir en lo inadecuado que resulta que a la cabeza de la institución que debe investigar a una presunta organización criminal esté una persona que fue respaldada por dos de sus presuntos miembros –los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza– para acceder al cargo (para no mencionar las intervenciones de Hinostroza y Antonio Camayo en el mismo empeño); pero, por lo visto, continúa siendo necesario.

Lo cierto, en última instancia, es que este escenario nos revela otra vez lo que puede tomarle al Estado reaccionar, con el único instrumento del que dispone, ante la eventual urgencia de remover a un fiscal supremo, sea o no el titular del Ministerio Público.

Así las cosas, la impresión de que el Congreso está caminando con pies de plomo frente a severos problemas de corrupción en las instancias supremas del Poder Judicial o la fiscalía se generará siempre, sencillamente porque la ruta establecida para ello es fatigosa y produce un cuello de botella que, en la situación actual, no se puede destrabar sin faltar a la ley.

Parece imperativo, entonces, que, al tiempo de acelerar ahora todo lo posible el procedimiento para resolver la continuidad del señor Chávarry en su cargo, se avance en el diseño y aprobación de mecanismos que permitan al Estado en el futuro inmediato actuar con auténtica rapidez para desactivar trances tan espinosos como los que el país enfrenta en este momento.